El dato que debería estremecer a cualquier gobierno es éste: siete de cada diez hogares en México no reciben agua de manera continua. No se trata de sequías temporales ni de fallas aisladas sino de una interrupción cotidiana del servicio más básico para la vida.
A ello se suma que 4.5 millones de personas ni siquiera cuentan con agua entubada, mientras la mitad de la infraestructura hidráulica del país ya agotó su vida útil. Esa es la dimensión real de la crisis: México no enfrenta un problema hídrico, sino una amenaza a su viabilidad física.
Las tuberías urbanas pierden entre 35 % y 40 % del agua potable por fugas. De las tres mil 440 plantas municipales de tratamiento, solo 65 % operan, y apenas cinco por ciento del agua utilizada es tratada o reutilizada. El país descarga, pierde y desperdicia más agua de la que es capaz de suministrar.
El deterioro no es casual: la infraestructura se vino abajo al mismo ritmo que la inversión pública. Entre 2018 y 2026, el presupuesto de Conagua cayó más de siete por ciento en términos reales, y el de 2025 sufrió un recorte adicional de 8.8 %.
Desde 2019, la capacidad de inspección y vigilancia se ha reducido 70 %, permitiendo que el uno por ciento de los concesionarios concentre más del 22 % del agua concesionada, mientras 114 de los 653 acuíferos están sobreexplotados.
El desplome más reciente es aún más revelador: la inversión física en agua y alcantarillado cayó 76 % entre 2024 y 2025. México invierte apenas 0.1 % del PIB en renovar infraestructura hidráulica, cuando se requiere al menos 0.3 % del PIB solo para evitar colapsos.
Sequías prolongadas en Chihuahua, Coahuila, Baja California y Baja California Sur han vaciado presas afectando cultivos y abastecimiento urbano.
Al mismo tiempo, inundaciones en Veracruz, Hidalgo y Tabasco han dejado miles de viviendas bajo el agua. México vive, simultáneamente, déficit y exceso de agua: una vulnerabilidad que revela la ausencia absoluta de planeación.
Según el Banco Mundial, la disponibilidad de agua por persona cayó de 10 mil m³ en 1960 a tres mil 200 en 2025. Si nadie actúa, caerá a dos mil 300 m³ en 2050, un nivel de estrés hídrico extremo.
Esta semana, la aprobación de la nueva Ley General de Aguas impulsada por Morena no altera este destino. La ley preserva la misma estructura institucional y el mismo esquema de concesiones que han llevado al colapso del sistema.
No crea una autoridad hídrica fuerte, no establece mecanismos vinculantes de participación ni corrige la desigual distribución del agua ni la falta de inversión.
Para muchos la nueva Ley General de Aguas da la espalda a campesinos y productores, no garantiza la consulta a pueblos originarios y conserva el mismo modelo institucional que ha llevado al país a la crisis actual.
Con la ley aprobada, el problema central permanece: sin inversión, sin una gobernanza moderna y sin planeación, México no resolverá su crisis hídrica. Y el reloj del agua —que ya corre en retroceso— no espera.
