La estrategia de represión adoptada por el gobierno de Nicaragua, que incluye el uso de grupos armados progubernamentales para reprimir protestas, ha causado la muerte de al menos 81 personas, de acuerdo con el grupo civil Amnistía Internacional (AI).

En un informe emitido el lunes, el organismo destacó que la estrategia del gobierno ante las protestas populares en Nicaragua ha sido caracterizada por el uso excesivo de la fuerza, las ejecuciones extrajudiciales, el control de los medios de comunicación y el uso de grupos armados.

“Las autoridades nicaragüenses se han volcado contra su propia gente en un ataque violento, sostenido y frecuentemente letal contra sus derechos a la vida, la libertad de expresión y la reunión pacífica”, afirmó Erika Guevara Rosas, directora en América para AI.

Guevara señaló que “el gobierno del presidente Daniel Ortega ha tratado desvergonzadamente de encubrir estas atrocidades, violando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.

La representante de AI consideró que el Estado de Nicaragua debe suspender de inmediato las tácticas represivas contra manifestantes y respetar su derecho de criticar las políticas públicas, en lugar de criminalizarlos.

Guevara instó al presidente Ortega a permitir el establecimiento de una comisión internacional para llevar a cabo una investigación pronta, imparcial y efectiva.

Pidió que cuando corresponda esta comisión internacional debe “presentar cargos contra todos los sospechosos de cometer u ordenar ejecuciones extrajudiciales o el uso excesivo de la fuerza y otras violaciones graves de los derechos humanos y crímenes en virtud del derecho internacional”.

Las manifestaciones, en su mayoría dirigidas por estudiantes, comenzaron el 18 de abril en respuesta a las reformas del gobierno que aumentaron las contribuciones a la seguridad social de los trabajadores y los empleadores, y recortaron los beneficios.

Hasta el 28 de mayo, al menos 81 personas habían resultado muertas, 868 heridas y 438 detenidas en medio de la respuesta del gobierno a las protestas.