Cuando a los centenares de miles de latinoamericanos y caribeños que engrosan las corrientes de migrantes irregulares a México y Estados Unidos se les pregunta las causas para insertarse en una peligrosa travesía aérea, terrestre y marítima coinciden en que huyen de sus países por la pobreza, la inseguridad callejera, la violencia criminal, la fragilidad institucional y la represión política.
El abanico de respuestas, que en 2021 fue similar al de años previos, volvió a exhibir la permanente volatilidad política y socioeconómica de América Latina y el Caribe, en un proceso paralelo a la urgente necesidad de reactivar el aparato productivo ante el impacto regional del coronavirus desde finales de febrero de 2020 y sin que cesara la corrupción.
El desempleo, uno de los principales detonantes de la migración irregular, creció en 2021.
“La pandemia evidenció las desigualdades preexistentes en la región”, dijo el economista mexicano Luis Felipe López-Calva, director del PNUD para la región.
“Los grupos más vulnerables y más pobres (de América Latina y el Caribe) se han visto afectados desproporcionadamente”, destacó.
De Colombia a El Salvador, de Nicaragua a Venezuela y Cuba o de Honduras, Guatemala y Chile a Costa Rica, Brasil y Ecuador o Argentina, y sin importar si son de izquierda, centro o derecha, los gobiernos apenas sortearon las agudas crisis internas de descontento social que se agravaron con la covid-19 y atizaron las protestas.
Honduras, que en noviembre pasado eligió presidenta a la izquierdista Xiomara Castro para que asuma en enero de 2022, y Guatemala siguieron insertados en oleadas de destapes de corrupción y, como naciones fuentes de la masiva movilidad humana irregular a EU y México, hundidos en los fenómenos de pobreza, inseguridad callejera, violencia criminal y fragilidad institucional que estimulan la migración regional.