América Latina y el Caribe marcaron en los siglos XX y XXI una profunda diferencia con Estados Unidos en el comercio de armas de fuego al definirle rigurosas reglas a la iniciativa privada para restringir y hasta prohibir su acceso a cualquier persona, pero se consolidaron como un enorme bazar ilícito de armamento que alimentó los conflictos armados que sacudieron al hemisferio occidental desde hace más de 75 años.
Con distintos tipos de armas excluidos del libre comercio y limitados al exclusivo uso de militares, policías y otros cuerpos estatales de seguridad, para que un latinoamericano o caribeño pueda adquirir una en un negocio legal del área primero deberá someterse a severas regulaciones penales, criminalísticas, legales, psicológicas, técnicas y sociales. El objetivo es verificar su idoneidad y su capacidad para obtener autorización de tenencia.
“El filtro es positivo. Las armas no deben estar en manos de cualquiera”, afirmó el sicólogo costarricense, Esteban Ruiz, tirador deportivo y dueño de Psicoseguridad S.A. de Costa Rica.
Con matices por país, la normativa es similar en el resto del continente en una realidad que combinó rigurosidad y fragilidad en comparación con EUA, escenario de frecuentes y mortales tiroteos por la apertura total que la Segunda Enmienda da derecho constitucional a apropiarse con facilidad de un arma.
Paralelamente a la rigidez formal y en el papel en algunas naciones, como Colombia, Costa Rica, Cuba, Nicaragua o Argentina, para el control de las armas en poder legal de la población, en el hemisferio occidental sobrevivió un mercado mortal, clandestino e informal.
Las agrupaciones irregulares que proliferaron en América Latina y el Caribe en la segunda mitad del siglo XX y se prolongaron al XXI se involucraron en el mercado de armamento ilícito, desde guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha, traficantes de personas, drogas, metales preciosos o bienes arqueológicos, hasta secuestradores y otras modalidades de la criminalidad.
Cuando en 1996 acabaron las guerras civiles de Guatemala (1960-1996), El Salvador (1980-1992) y Nicaragua (aproximadamente de 1975 a 1990) que impactaron a la zona, la Organización de Naciones Unidas (ONU) reveló que unas dos millones de armas livianas quedaron ocultas en Centroamérica y fueron filtradas al crimen organizado o traficadas para atizar el conflicto bélico más antiguo de América: el de Colombia, que estalló en 1964.
Cargamentos de armas y municiones fabricadas en Europa son transportados en barco de Países Bajos a Surinam y entran a suelo surinamés sin pasar controles aduaneros, al considerar que es un viaje entre puertos nacionales por un beneficio arancelario que Ámsterdam concedió a su antigua colonia del norte de América del Sur.
La mercancía es reenviada por rutas encubiertas a Colombia, Brasil, Venezuela y otros mercados de América Latina y el Caribe, para abastecer al crimen organizado desde la antigua Guayana Holandesa que, tras independizarse en 1975, llegó a convertirse en base del narcotráfico.
En los regímenes izquierdistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua hay pautas restrictivas.
Tras un sangriento estallido de protestas callejeras antigubernamentales en 2018 en Nicaragua, el cuestionado gobierno nicaragüense cerró las armerías y, a crédito, se adueñó de las existencias y abasteció a sus efectivos policiales y paramilitares para evitar que cayeran en poder de opositores. Las armerías ahora solo se venden rifles de balines y pistolas de salva.
Venezuela, que registró violencia política en el siglo XXI, prohibió en 2011 la venta a la población civil, aunque una ley de 2013 promovió el desarme y el control de armas.
“Esta ley es inoperativa: un ciudadano común está inhabilitado de acceder a un porte legal. Solo los privilegiados o con alguna relación con el poder [oficialista] están habilitados”, denunció la abogada venezolana, Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, organización no estatal de Venezuela sobre seguridad y defensa.
“La política pública de desarme y control de armas en Venezuela es deficiente, opaca y dista de ser eficiente y que dé seguridad a los ciudadanos (…) mientras aumentan los homicidios y la violencia con armas de fuego”, aseguró San Miguel a este diario. La situación en Brasil también exhibió ribetes políticos. La politóloga, comunicóloga y académica brasileña, Deysi Cioccari, describió a este periódico que una de las bancadas “más grandes” del Congreso de Brasil “es la de las armas, con políticos que abogan por dar el armamento a la población civil y flexibilizar las leyes relacionadas con las armas”.