Las violaciones a los derechos humanos prosiguieron en 2022 en América Latina y el Caribe —de Colombia a Cuba, de Haití a El Salvador, de Venezuela a Nicaragua o a Ecuador—, agravando un panorama regional marcado por el deterioro social, la intolerancia política y la descomposición económica.
El mapa interamericano de retroceso quedó este sábado bajo la mirada global por una fecha que, como la de cada 10 de diciembre, siempre marca un antes y un después: el Día de los Derechos Humanos.
“Mires donde mires, en todo el mundo se está atacando el derecho a la protesta”, advirtió la francesa Agnés Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional (AI), organización mundial no estatal de defensa de los derechos humanos.
“Solo lo largo de los 12 últimos meses, desde Irán hasta Cuba y más allá, hemos visto infinidad de movimientos de protesta a los que los gobiernos han respondido con medidas de represión”, afirmó Callamard, en un mensaje por este día para clamar por alzar la voz en solidaridad “con personas que están pagando un elevado precio por haber alzado la suya”.
El Día de los Derechos Humanos fue instaurado en 1948 a propósito de que, el 10 de diciembre de ese año, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Con un agravamiento de la represión en Cuba, Nicaragua, Venezuela, Guatemala o El Salvador, o con escenarios mortales y sangrientos de caos en Haití, una pregunta sobrevuela en un día de referencia mundial: ¿hay algo que celebrar?
La abogada nicaragüense Vilma Núñez, presidenta del —no estatal e ilegalizado— Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), mencionó que “lamentablemente la vigencia absoluta de los derechos humanos sigue siendo una aspiración de la humanidad”.
En el caso de Nicaragua, “tenemos un régimen totalitario en el país que violenta los derechos humanos e impulsa una política de exterminio en contra de la población nicaragüense en general”, acusó.
La crisis en ese país se agudizó a partir de abril del 2018 con el estallido de multitudinarias protestas en contra del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, para exigir democracia y libertad.
Los gobiernos izquierdistas de Cuba, Nicaragua y Venezuela rechazaron reiteradamente que en las cárceles de esos países haya prisioneros políticos o de conciencia. Activistas de derechos humanos de Cuba y Venezuela denunciaron que en las cárceles cubanas hay más de mil personas presas en castigo a sus principios políticos y más de 240 en las venezolanas.
El drama humanitario de un éxodo al exterior de más de siete millones de venezolanos que salieron de Venezuela desde al menos 2014, para escapar de las “tormentas políticas, socioeconómicas a institucionales”, se acrecentó en 2022 en forma paralela a la persecución política.
El —no estatal— Foro Penal de Venezuela, grupo defensor de los derechos humanos, evidenció este año “la sistematicidad de las violaciones a los derechos humanos con fines políticos en el país, así como la falta de investigación genuina en casos relevantes de crímenes de lesa humanidad”.
En esos hechos hay “participación de funcionarios del gobierno en varios niveles de la cadena de mando”, añadió.
El cuestionado Gobierno de Venezuela siempre rechazó esos y otros ataques.
El periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC), publicó este sábado que “el doble rasero, la politización y el enfoque selectivo al abordar los derechos humanos se ha convertido en una práctica que EUA y sus aliados ya adoptan como habitual, mientras intentan esconder sus propias transgresiones”.
En rojo
A las alarmas por los conflictos en derechos humanos en el trío de gobiernos izquierdistas se sumaron las que persistieron y se recrudecieron en otras naciones del área por problemas de seguridad pública, como El Salvador y Ecuador, o de represión política, como en Colombia o Guatemala.
Asediado por la incesante penetración de los cárteles mexicanos del narcotráfico internacional en diversos estratos y la creciente e incontrolable violencia callejera y en las cárceles, Ecuador optó en octubre de este año por militarizar la seguridad pública.
La militarización “representa un riesgo para los derechos humanos”, alertó la mexicana Érika Guevara, directora para América de AI. “Los retos de seguridad que enfrenta Ecuador no se resolverán con el despliegue de militares, y por el contrario, podría agravar la situación de los derechos humanos”, insistió.
