Con el tiempo en contra en ruta al 14 de enero de 2024 como fecha clave para el traspaso del Poder Ejecutivo, Guatemala prosiguió este mes en un deterioro institucional y sometida a la incesante presión externa contra las fuerzas derechistas empeñadas en impedir que el centroizquierdista Bernardo Arévalo asuma la presidencia de ese país dentro de 34 días.
Estados Unidos arreció el viernes el asedio sobre esos bloques políticos al suspender el visado a unos 300 guatemaltecos, incluidos casi 100 diputados, por “socavar la democracia” y advirtió que “apoya a quienes buscan salvaguardar la democracia y el Estado de derecho en Guatemala y garantizar que se respete la voluntad del pueblo guatemalteco”.
Washington y la Unión Europea (UE) recurrieron este año a su menú de sanciones y de amenazas contra un Pacto de Corruptos de Guatemala que bloqueó la voluntad popular para que Arévalo asuma la presidencia. Las medidas punitivas son en su mayoría de carácter individual. “Lo bueno es que las sanciones avanzaron, lo que hace que muchos [del Pacto] abandonen el barco”, aseguró la guatemalteca Carmen Rosa de León, analista política y consultora independiente internacional en seguridad y defensa.
El Pacto se afianzó como una poderosa componenda política, militar y empresarial de la derecha de Guatemala empeñada en cerrar el paso de Arévalo hacia la presidencia.
Arévalo fue electo en la segunda ronda de los comicios guatemaltecos, el 20 de agosto pasado, tras quedar sorpresivamente de segundo en la primera vuelta, efectuada el 25 de junio de este año. Arévalo derrotó en agosto a la derechista Sandra Torres, de la opositora Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y debería suceder en la presidencia al derechista Alejandro Giammattei para un mandato de cuatro años. El Pacto utilizó a la Fiscalía General (Ministerio Público) para desplegar múltiples maniobras judiciales en el intento de sacar a Arévalo de la carrera a la presidencia.
En lo que fue denunciado dentro y fuera de Guatemala como intento de golpe de Estado, la Fiscalía declaró el viernes anterior inválidas las elecciones generales (presidenciales, legislativas y municipales) de junio por presuntas irregularidades administrativas del Tribunal Supremo Electoral. Aunque el Tribunal ratificó el viernes el triunfo de Arévalo y de Karin Herrera, su compañera en la vicepresidencia, reconoció que el caso está sujeto a lo que decida la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia judicial de Guatemala.
