Por separado, Argentina, Chile, Costa Rica y Panamá denunciaron el robo de cargamentos de fentanilo de bodegas o despensas en sus sistemas públicos de salud en los últimos tres años y los reportes se diluyeron en el tiempo en una avalancha global de denuncias sobre la pérdida del rastro de una droga.
Aunque podría tratarse de hechos supuestamente desconectados y aislados, ahora encenderían las alarmas de inteligencia policial y judicial en un conflictivo escenario en América que se agravó en 2022 y 2023: el avance del contrabando del fentanilo como peligroso opioide con un creciente saldo de muerte.
Los casos de Argentina, Chile, Costa Rica y Panamá abrieron múltiples dudas.
¿Fueron robos para traficar fentanilo a territorio mexicano, unirlo a los cargamentos de precursores químicos exportados de China e India a México e insertarlo en las corrientes del narcotráfico para procesarlo y reexportarlo como droga ilícita a Estados Unidos como su principal mercado de consumo?
¿O fueron robos para abastecer un todavía naciente mercado de consumo de ese narcótico en esos cuatro países o en otros de la zona y se está ante el germen de una propagación de nueva amenaza a la seguridad regional?
“Sí, es una amenaza”, aseguró el abogado, socioeconomista y analista político colombiano, Rafael Nieto, viceministro del Interior y de Justicia de Colombia en 2003 y 2004.
Al puntualizar que se carece de información para determinar “con certeza” de que hay tráfico de fentanilo del sur del continente a México o un consumo regional en aumento de esa sustancia, Nieto dijo que “es indispensable establecer qué es realmente lo que está pasando”.
Los robos en los cuatro países activaron las alertas acerca de que, al igual que sucede con el tráfico de cocaína de Colombia a Estados Unidos, vía Venezuela, el Caribe, Ecuador, Perú, Centroamérica y México, ya existan rutas similares para transportar fentanilo en diferentes versiones técnicas a suelo mexicano y reenviar al mercado estadounidense.
