Al cierre de enero de 2025, el INE reportó 11 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) en riesgo alto y medio por falta de recursos, de los cuales seis tendrán que organizar las elecciones para juzgadores locales.
De acuerdo con el informe presentado por la Comisión de Vinculación de Organismos Públicos Locales, las entidades en riesgo alto son Zacatecas, Nuevo León, Colima y San Luis Potosí; en riesgo medio están Tamaulipas, Puebla, Chiapas, Yucatán, Ciudad de México, Guerrero y Quintana Roo.
El OPLE de Zacatecas solicitó 273 millones de pesos para el ejercicio de 2025, de los cuales el Congreso local sólo autorizó 125 millones de pesos, es decir, tuvo una reducción de 65.9 %.
Tras el recorte, advierte que sólo tendrá recursos para cubrir servicios personales hasta junio; mientras que para servicios generales y materiales sólo se tiene cubierto hasta abril, por lo que la operatividad está en riesgo.
En Colima hubo una reducción de 68.9 % a su presupuesto, por lo que el OPLE advirtió que sólo contaría con recursos para operar hasta junio. Aunque interpuso un recurso contra el presupuesto aprobado por el congreso local, éste sigue en proceso de resolución. El OPLE de San Luis Potosí tuvo una reducción de 67.8 % de sus recursos, y ante la organización de la elección judicial local, solicitaron al Congreso una ampliación de 208 millones 092 mil 273, sin que hasta el momento tengan respuesta.
Por otra lado, el consejero electoral, Martín Faz, impugnó la designación de José Arévalo Romo como director de la Unidad Técnica de Transparencia del INE, nombrado por la presidenta Guadalupe Taddei, al advertir que no cumple con los requisitos para ocupar el cargo. En las leyes secundarias de la reforma judicial se incluyó un cambio para que la Presidencia del INE pueda hacer designaciones de titulares de área sin el consenso del resto de las consejerías, cuando previamente requería un aval de al menos ocho de los 11 integrantes.
El consejero Faz consideró que Arévalo Romo no cumple con la idoneidad para el cargo, ya que la ley establece que al momento de la designación debe tener título de licenciatura y cinco años de experiencia en el área que corresponde.