El alcalde salvadoreño de Santa Ana, Gustavo Acevedo, advirtió que integrantes de las maras podrían buscar refugio en territorio mexicano.
El alcalde de Santa Ana declaró: “Ahora estamos en una guerra contra las pandillas muy difícil, y seguramente en más de una ocasión vamos a ver que grupos delincuenciales van a intentar salir del país.
“Mi encomienda también a la alcaldesa, a su mesa de seguridad, es que tengan en cuenta el fenómeno que está pasando”.
Participó en un evento con la chiapaneca Rosy Urbina. En un comunicado se indicó que “dos ciudades con una historia marcada por las migraciones, la salvadoreña Santa Ana y la mexicana Tapachula, firmaron hoy un acuerdo de hermanamiento tras varios meses de trabajo en un proceso de acercamiento y diálogo facilitado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el cual participaron sociedad civil, autoridades y representantes del sector privado.
“El hermanamiento facilitará que ambos municipios puedan enfrentar retos comunes, entre ellos el fenómeno migratorio, ya que resulta estratégico el fortalecimiento de vínculos de cooperación en la región para poder generar una nueva narrativa sobre la migración y erradicar actitudes de discriminación, discursos de odio y xenofobia hacia la población migrante”, comentó Jeremy Mac Gillivray, jefe de Misión Adjunto de la OIM México.
El salvadoreño Acevedo intervino diciendo: “Como alcalde municipal de Santa Ana, estoy comprometido en construir junto a mi equipo de trabajo una nueva Santa Ana, una nueva ciudad, que vele por el interés de las grandes mayorías y, en ese sentido, me siento honrado de trabajar con la OIM para articular esfuerzos y frenar de una manera la migración irregular”.
Urbina aseguró que formalizar el hermanamiento con Santa Ana, El Salvador, era “confirmar la tradición de Tapachula como territorio de paso, origen y destino de migraciones, de gente hospitalaria, generosa e integradora de flujos poblacionales a lo largo de la historia”.
La organización Human Rights Watch (HRW) mostró este viernes su rechazo a la reforma legislativa aprobada en El Salvador que endurece el trato a menores que forman parte de pandillas por ser una reforma que “viola garantías básicas del debido proceso y los derechos de niños” en el país.
