La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en América Latina, expresaron su preocupación ante medidas en diversos países de la región para “reducir o cerrar” espacios a la sociedad civil en los ámbitos político, económico y social donde participa.
Ante ello, la CIDH, su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y la ONU Derechos Humanos en América Latina hicieron un llamado a los gobiernos latinoamericanos a garantizar ambientes seguros, abiertos, libres y propicios para la defensa de los derechos humanos, con motivo del Día Internacional de las Personas Defensoras de Derechos Humanos que se conmemoró el jueves.
Ambos organismos alertaron sobre un aumento en los países que han adoptado normas que restringen los derechos a la libertad de expresión y de participación, que son incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos.
Algunas de estas bajo la justificación de resguardar la seguridad nacional, combatir la delincuencia organizada y/o el terrorismo o su financiamiento, y conceder facultades discrecionales para la vigilancia y fiscalización de sus actividades.
La Comisión y la ONU Derechos Humanos recordaron a los Estados que el libre y pleno goce del derecho a la libertad de asociación incluye el deber estatal de crear las condiciones legales y efectivas para que las personas defensoras puedan ejercer libremente su labor.
En ese sentido, la regulación y los requisitos legales no deben impedir, retrasar o limitar su creación o funcionamiento, comentaron.
