Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), resaltó que “las prácticas negligentes” de las empresas productoras y comercializadoras de armas, “que facilitan el tráfico ilícito de estos artefactos, acentúan dramáticamente diversas formas de violencia que tienen efectos diferenciados sobre personas en situaciones vulnerables en México y en la región de Latinoamérica”.
Esto, en el marco de la consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de una audiencia pública, el 28 y 29 de noviembre, para abordar la solicitud de opinión consultiva de México sobre “las actividades de las empresas privadas de armas y sus efectos en los derechos humanos”.
En una intervención pregrabada ante la CIDH, la canciller señaló los argumentos de hecho y derecho del Estado mexicano.
De manera particular, se destaca la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual subrayó durante la audiencia la necesidad de que los Estados regulen y adopten disposiciones de derecho interno enfocadas en controlar y fiscalizar las actividades de comercialización de la industria de armas de fuego.
Los representantes de Bolivia y Colombia, así como de organizaciones de Ecuador, Argentina y Brasil, hicieron referencia a la problemática que enfrentan sus países, derivada de la alta disponibilidad de armas de fuego. Lo anterior se expuso a la Corte IDH, la grave situación que vive la región latinoamericana ocasionada por la violencia armada y la necesidad de regular las actividades de este sector empresarial.
La Corte tiene interés sobre el tipo de prácticas de las empresas de armas que “ejemplificarían la falta de debida diligencia en el comercio de sus productos, y que facilitarían el tráfico ilícito de armas”.
En adición a los dos litigios civiles en curso ante cortes estadounidenses, y como parte de la estrategia jurídica implementada por el Gobierno de México para combatir el tráfico ilícito de armas y reducir la violencia que estas generan en territorio nacional, nuestro país solicitó la opinión consultiva a la CIDH para conocer si las actividades negligentes e ilícitas de las empresas privadas de armas vulneran los derechos humanos.
