El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó iniciar un proceso de verificación contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para confirmar o rechazar si durante el “hackeo” —que derivó en los Guacamaya Leaks— hubo violación a principios de confidencialidad y de seguridad por parte de esa dependencia.
Los comisionados explicaron que desde el mes de octubre se inició una investigación de oficio contra la Sedena, porque tras el “hackeo” el instituto castrense no cumplió con la obligación que le impone la ley de dar aviso al INAI de que sus bases de datos fueron hackeadas.
La comisionada Josefina Román explicó que de acuerdo con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), ante una vulneración de seguridad, relativa al robo, copia o acceso no autorizado a datos personales, las dependencias tienen la obligación de informar lo sucedido, “sin dilación”, tanto a los titulares de los datos, como al INAI, para efectos del inicio de la investigación previa. Puntualizó que, debido a lo anterior, inició la indagatoria donde se le pidió un informe, el cual no satisfizo al máximo órgano de transparencia.
El INAI cuenta con un plazo de 50 días hábiles para concluir con el procedimiento de verificación, que de acuerdo con los tiempos concluye en el mes de marzo de 2023.
