Pam Bondi, la nueva fiscal general de Estados Unidos, tras jurar a su cargo, ordenó poner fin a los fondos del Departamento de Justicia a las jurisdicciones que “interfieran ilegalmente con la aplicación de la ley federal”.
Esto lo dijo al respecto de ciudades y estados santuario, las cuales se comprometen a no cooperar con los operativos del ámbito federal, tales como las redadas de inmigración.
En este sentido, California es un estado santuario, mientras que grandes urbes como Chicago, Nueva York, Atlanta y Nueva Orleans son ciudades santuario.
No obstante, los tribunales han defendido repetidamente la legalidad de estas llamadas leyes santuario. Las cuales no permiten que fuerzas locales interfieran de manera activa en las operaciones federales.
Cuando el hoy presidente Donald Trump llegó por primera vez al cargo, intentó evitar que llegar ayuda en seguridad pública a las jurisdicciones santuario, pero los tribunales también rechazaron en gran medida esos intentos.
A este respecto, las jurisdicciones santuario son municipios que adoptan políticas destinadas a mejorar la seguridad pública y la confianza, esto para limitar la cooperación con las fuerzas federales de inmigración.
Entre las consecuencias de este recorte de fondos federales se encuentran que los habitantes deben esperar más tiempo en las llamadas de las fuerzas de seguridad, lo que implicaría un posible aumento de la delincuencia.
Y, se dijo, debido a la amenaza específica de la administración Trump, la falta de financiación para servicios no relacionados con la aplicación de la ley, como servicios sanitarios, alimentación, transporte y otros.
Por lo que si las ciudades santuario deciden rescindir sus políticas para obtener financiación federal, podría dar lugar a una disminución de la confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que sirven, a que los inmigrantes eviten espacios como las escuelas y las iglesias, y a un aumento en delitos que no se denuncian.