La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a una mujer que denunció haber sido víctima de tortura sexual a manos de policías ministeriales de Sinaloa que la acusaron del homicidio de su esposo, Jesús Alfredo Cuen Ojeda.
Se trata de Yecenia Armenta Graciano, a quien se le acusó de matar a su esposo, quien era hermano del excandidato a la gubernatura de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda.
Luego de más de un año de que el expediente llegó a la Corte, la ministra Norma Lucía Piña Hernández logró que sus compañeros en la Primera Sala avalaran su propuesta de amparar a Armenta Graciano para que, de comprobarse plenamente la tortura, sean invalidadas las pruebas utilizadas en su contra.
El amparo en revisión fue promovido por la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa luego de que Armenta Graciano obtuvo la protección contra la detención arbitraria, incomunicación y actos de tortura que acusó por parte de elementos ministeriales y con el que obtuvo la libertad luego de casi cuatro años de encarcelamiento.
Con el fallo, la Corte indicó que las denuncias de tortura no pueden condicionarse a circunstancias de temporalidad o de oportunidad para determinar que se investigue, es decir, que no prescriben.
“En atención al carácter grave de la violación al derecho humano a la integridad persona, debe investigarse por el Estado a partir de que se tenga conocimiento de la denuncia o cuando existan razones fundadas para creer que se ha cometido un acto de tortura contra una persona”.
“Lo cual no está sujeto a la decisión discrecional de las autoridades del Estado, sino que se trata de un imperativo de observancia inmediata”, indica el fallo.
Yesenia Armenta García fue interceptada el 10 de julio de 2012 por dos sujetos sin identificación oficial.
La condujeron a una bodega-estacionamiento en donde afirmó que fue sometida a tortura física, sexual y psicológica por parte de policías ministeriales en Culiacán.
Derivado de ello, fue obligada a declararse responsable del asesinato de su esposo Jesús Alfredo Cuen Ojeda y posteriormente fue trasladada al Centro de Consecuencias Penales de Culiacán, Sinaloa.
