Durante las últimas semanas, hemos presenciado la entrega de despensas e incluso de dinero en efectivo por parte de grupos del crimen organizado. Esto ha sucedido en al menos 12 entidades del país. Destaca el caso de Jalisco, en donde la hija de “el Chapo” entregó, bajo su marca registrada, cientos de despensas en comunidades de escasos recursos a personas que previamente enviaron un mensaje vía Facebook o WhatsApp para solicitarlas. Por otro lado, el Cartel de Jalisco Nueva Generación presumió el reparto de despensas a nombre de “el Mencho” en municipios como Tuxpan y Zapopan, en los que con ayuda de drones grabaron videos de agradecimiento por parte de la gente, que después fueron difundidos en redes sociales.
Otros grupos que han llevado a cabo actividades similares son el Cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, la Familia Michoacana en Guerrero y el Estado de México, el Cártel del Golfo en Tamaulipas y Los Zetas en Veracruz. Las entregas de despensas tienen similares características: movilizaciones a plena luz del día en los centros de las comunidades, con armas de alto poder y camionetas blindadas; despensas identificadas con el logo del grupo al que pertenecen —muy probablemente conformadas por abarrotes robados de los transportes que llevan mercancía a los estados— y, lo más inaudito, con plena libertad de movimiento. Esto sólo refleja la gran ausencia de las autoridades y del Estado de Derecho.
El presidente no ha sido empático con las víctimas, sean familiares de desaparecidos, de homicidios o mujeres víctimas de violencia; sin embargo, es de preocupar que ante el crimen organizado se mantenga inmóvil, incluso dando la percepción de tolerancia, por decir lo menos. El gobierno debería mostrar rechazo absoluto a estos grupos delictivos que engañan a comunidades enteras con dádivas, para luego secuestrarlas y extorsionarlas con cobros de derecho de piso, amenazas y suplantación violenta de la autoridad. En su lugar, vemos una completa falta de interés e inacción. Al respecto, el presidente pidió una vez más a los delincuentes que mejor “le bajen”, que piensen en sus familias y sobre todo en sus mamás. Al cuestionarlo sobre si planea llevar a cabo alguna acción, respondió que “es algo que se da y no se puede evitar”.
Los grupos delictivos ya acusaron recibo de la claudicación gubernamental y lo demuestran todos los días. Con tranquilidad ocupan los espacios que los gobernantes abandonan. Vemos desde ahora imposiciones de “toques de queda” y hasta amenazas de levantones y golpizas por incumplimiento en lugares como Guerrero y Sinaloa, que dan la ilusión de seguridad y combate a la pandemia, mientras infunden terror entre las poblaciones. El reparto de narcodespensas, además, cumple con otros dos propósitos. Primero, amplía la base social de los grupos del crimen organizado, que logran ser vistos como los únicos benefactores ante la ausencia de los gobiernos federal y locales. Además son el resultado de coordinaciones regionales e incluso nacionales entre el crimen organizado para hacer una competencia propagandística a los mismos gobiernos.
El pasado lunes 5 de mayo, diversas organizaciones y particulares, emitimos un comunicado en el que condenamos la impunidad y la falta de actuación de los gobiernos ante esta problemática. Manifestamos nuestro total asombro ante la falta de pronunciamientos oficiales de completo rechazo hacia estos grupos delictivos. Exigimos que los gobiernos construyan verdaderas redes de apoyo económico y social que permitan a todos los mexicanos vislumbrar un horizonte diferente al que nos presentan la ineptitud, la irresponsabilidad, la indolencia y el crimen organizado; y que las autoridades asuman su responsabilidad más esencial de garantizar la seguridad y la paz en las comunidades, sancionar el delito y defender el Estado de Derecho.