La decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de opinar sobre asuntos internos de Perú al justificar sus acciones para auxiliar al gobierno de ese país, provocó más trastornos que beneficios a su colega peruano Pedro Castillo, al abrirle una nueva fuente de conflictos diplomáticos y legislativos, coincidieron analistas políticos en Lima.
Tras las declaraciones de López Obrador, Castillo volvió a quedar expuesto al ataque de la oposición política. El congresista Ernesto Bustamante, del opositor partido Fuerza Popular y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, cuestionó el pasado martes a la cancillería de su país por los comentarios del presidente de México sobre Perú y le exigió aclarar la controversia.
Las revelaciones de López Obrador de que respondió a un pedido político de Castillo, constituirían “una clara intromisión en los asuntos internos de Perú”, advirtió. “López Obrador formuló consideraciones obviamente equivocadas sobre el procedimiento constitucional que tiene la figura extrema de la gestión política” de destituir a un presidente en Perú, dijo el diplomático Hugo Palma, ex vicecanciller y ex embajador peruano en Belgrado, Brasilia, París, Quito, Roma y Tokio.
López Obrador anunció el lunes anterior que, sin precisar fecha, envió a Perú a una comitiva de su gobierno porque Castillo “nos pidió apoyo” para enfrentar las dificultades políticas de una “campaña en contra, mediática” en la que se le ataca “por incapacidad”.
Con sólo 20 % de apoyo de los congresistas, en Perú puede presentarse al Congreso una moción para aceptar una solicitud de remoción del gobernante o declarar la “vacancia” del puesto y con 40 % de votos de los legisladores es suficiente para “quitarlo”, cuestionó. Aceptadas por las fuerzas partidistas y sociales de derecha a izquierda, las gestiones constitucionales en el Congreso para destituir a un presidente son una normalidad en Perú.
Tras asumir el 28 de julio de este año, Castillo entró a un intenso choque con sus opositores y el 7 de este mes superó un trámite de destitución por parte del Congreso. El caso de Castillo fue el quinto contra un jefe de Estado de Perú en los últimos cuatro años.
La presencia de la delegación mexicana en Perú, encabezada por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, e integrada por la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, y por personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, generó polémica política porque nunca se informó al país de su llegada ni los detalles de su misión.