Diputados de Morena, del Partido del Trabajo (PT), del Partido Verde (PVEM) y de Movimiento Ciudadano (MC), aprobaron en lo general (por 369 votos a favor, 104 en contra y tres abstenciones) la expedición de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para establecer la regulación y explotación del espectro radioeléctrico.
La legislación propuesta por el Ejecutivo, obliga a los concesionarios a activar y mantener activo el servicio de aquellas líneas que estén asociadas a usuarios que presenten “la identificación oficial (que) deberá contener la CURP para personas físicas, y RFC para personas morales”.
La nueva ley crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), para sustituir al extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); esta deberá elaborar las políticas de telecomunicaciones, satelital y de radiodifusión del Gobierno Federal; y el plan nacional de conectividad y acceso a Internet.
También crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones que deberá organizar y mantener actualizado el Registro Público de Telecomunicaciones, el cual estará integrado por el Registro Público de Concesiones y el Sistema Nacional de Información de Infraestructura.
Dicho Sistema Nacional de Información de Infraestructura será una base de datos nacional geo-referenciada que contendrá la información de los registros de infraestructura activa y medios de transmisión, de infraestructura pasiva y derechos de vía y de sitios públicos.
Avalan creación de la Comisión Antimonopolio
Así también, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el paquete de reformas que crean la Comisión Nacional Antimonopolio, que asumirá las funciones de la desaparecida Comisión Nacional de Competencia Económica (Cofece).
La reforma quedó avalada por 323 votos a favor y 125 en contra, fue calificada por la oposición como un retroceso, pues crea una comisión “que estará subordinada al Poder Ejecutivo”.
La nueva comisión contará con un órgano de gobierno compuesto por cinco personas comisionadas, cuya presidencia será designada por la persona titular del Ejecutivo federal, con lo que se garantizará la separación entre la autoridad que investiga y la que sanciona.
