Oaxaca se suma a los estados de Chiapas, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas en contar con la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en México, un fenómeno que golpea particularmente a los pueblos originarios.
Con 32 votos a favor, el Congreso local de Oaxaca aprobó en lo general y particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en el Estado. Este decreto cuenta con 11 capítulos, 84 artículos y su aplicación corresponderá a las autoridades del estado y municipios.
Esta ley destaca en su artículo 80 que cualquier persona que, sin fundamento legal, expulse de manera arbitraria a individuos o familias de sus lugares de origen o residencia mediante violencia, amenazas o abuso de poder, enfrentará de 10 a 18 años de prisión y una multa que va de mil a 2 mil o más, de acuerdo a la acción.
Las penas se agravan hasta una tercera parte del máximo cuando el delito sea cometido por servidores públicos, se usen armas de fuego o existan amenazas o delitos.
