El Pleno del Senado de la República aprobó una reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece conformar una instancia multidisciplinaria responsable que establezca mecanismos para la prevención, atención y canalización de posibles casos de violencia que se susciten en menores de edad en los centros educativos del país, pero se omitió incluir en los argumentos los informes y las denuncias de abusos sexuales en planteles del nivel preescolar en el país.
Durante la sesión ordinaria se destacó la importancia de esta reforma, pero no se hizo alusión al informe de la Defensoría de los Derechos de la Infancia, que señala que en los últimos años se han documentado y litigado al menos 20 casos de abuso sexual contra más de un centenar de menores en escuelas públicas y privadas del país, sobre todo de nivel preescolar, donde participan maestros, maestras y trabajadores de los planteles.
La reforma turnada al Ejecutivo federal establece que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deberán prestar servicios educativos en condiciones óptimas, entendidas como el conjunto de instalaciones indispensables con que debe contarse en cada escuela para el buen desempeño de la tarea docente y el logro del aprendizaje que coadyuve al pleno desarrollo de los educandos.
Asimismo, conformar una instancia multidisciplinaria responsable que establezca mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos de violencia que se susciten en niñas, niños y adolescentes en los centros educativos del país.
