El pleno del Congreso del Estado de Veracruz aprobó reformas a la Ley en Materia de Desaparición de Personas, mediante las cuales se prevé la reducción de plazos procesales, incorporación de herramientas tecnológicas y forenses y el cumplimiento de una coordinación efectiva para localizar a desaparecidos.
A propuesta de la gobernadora Rocío Nahle García los cambios legales fueron aprobados con 41 votos a favor y tres en contra, los cuales obligarán al estado que cumpla su obligación de realizar una búsqueda inmediata, exhaustiva y diligente de personas desaparecidas.
¿Qué incluyen los cambios?
Los cambios legales incluyen sanciones a servidores públicos que dilaten las investigaciones, además de fortalecer el derecho a la verdad, el acceso a la justicia para las víctimas y las personas buscadoras.
La reforma establece el uso de la Clave Única de Registro de Población como base de identificación para facilitar la localización de personas desaparecidas, la creación de una Plataforma Única de Identidad que conecte todos los registros y permita búsquedas rápidas y eficientes.
Incluso, la obligatoriedad de instituciones públicas y privadas que resguardan restos humanos a mantener registros actualizados y a garantizar la identificación forense antes de cualquier entierro y fortalecer la coordinación entre autoridades.
Se establece que la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas y la Fiscalía General del Estado contarán con personal especializado, capacitado y certificado en la investigación de los delitos objeto de la Ley.
Así como Unidades Especializadas de Investigación, Unidades de Análisis de Contexto, Unidades de Atención y Seguimiento a Víctimas, Unidas de Búsqueda Inmediata y de larga data, además de áreas especializadas en delitos cibernéticos.
Se garantizará que se proporcione de manera inmediata el número de carpeta de investigación y el folio único de identificación.
Adicional a ello, el Estado tiene la obligación de procurar acciones de bienestar integral, con énfasis en hijos e hijas de personas desaparecidas, y los protocolos que para tal efecto se instituyan contendrán planes de seguridad y protección para las familias.
