Como resultado de la Revisión de la Cuenta Pública 2020, la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCDMX) estableció “67 potenciales promociones de acciones que pudieran derivar en fincamiento de responsabilidades”, aunque no precisó áreas donde están los funcionarios.
Mencionó que uno pertenece a una dependencia de Gobierno, 63 a órganos político administrativos y tres en órganos de gobierno y autónomos, tanto en entidades como en órganos desconcentrados fueron determinadas potenciales promociones de acciones.
La ASCDMX aclaró que dichos resultados fue de 165 auditorías ejecutadas a 82 sujetos fiscalizados, de las cuales 59 fueron de carácter financiero, 55 financieras y de cumplimiento, 27 de desempeño, 18 de obra pública, cuatro de cumplimiento con enfoque en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y dos de desempeño con enfoque ambiental.
De acuerdo con el número de revisiones por sector, precisó la ASCDMX, 47 correspondieron a alcaldías, 45 a entidades, 38 a dependencias del Gobierno, 18 a órganos desconcentrados y 17 a los órganos autónomos y de gobierno.
Detalló que esta Revisión de la Cuenta Pública 2020 generó 1,029 resultados de las 165 auditorías, en ellos se identificaron 1,452 observaciones que derivaron 916 recomendaciones, de las cuales 170 corresponden a dependencias, 117 a órganos desconcentrados, 342 órganos político administrativos y 64 en órganos de gobierno y autónomos.
Además, estas auditorías generaron 916 recomendaciones por sector, las cuales clasificó de acuerdo con las deficiencias detectadas, como incumplimiento de disposiciones legales, con 575 (62.8 %); debilidades del control interno, 237 casos (25.9 %); incumplimiento de la normatividad interna aplicable, 64 (7 %).
Asimismo, falta de documentación justificativa o comprobatoria y evidencia de los presupuestos comprometido y devengado, con 15 recomendaciones (1.6 %); carencia de normatividad, con 20 (2.2 %); eventualidades o contingencias, con cuatro (0.4 %); y una (0.1 %) por incumplimiento en el ejercicio del gasto.
La ASCM es competente para investigar y substanciar el procedimiento por la presunta comisión de faltas administrativas consideradas como graves, cometidas por servidores públicos y particulares vinculados a éstas.
