La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ratificó su determinación de presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por estar en contra de la reforma aprobada en Yucatán, que evita que los deudores alimentarios aspiren a cargos públicos
La institución pidió no politizar o partidizar las luchas de los derechos y exigió evitar la cerrazón a escuchar y acordar entre quienes piensan diferente.
Determinación
En un comunicado, la CNDH rechazó esta reforma, pues argumentó que la prohibición del ejercicio de un cargo público atenta contra el propio derecho de las niñas, niños y adolescentes, pues solo a partir del trabajo se puede garantizar que efectivamente puedan pagarse las obligaciones alimentarias, y para que esto pase existen varias vías o habría que construir las idóneas.
“Una de ellas es la retención directa de la parte del salario que corresponda, lo que no es contradictorio con el derecho al trabajo, ni pone en riesgo los derechos de la niñez, porque el no tener trabajo básicamente lo que impide es que se cumpla con esa obligación.
“Lo único que no se puede es perdonar la obligación ni suspenderla de ninguna manera, algo que desde luego no sugiere la acción de inconstitucionalidad, ni es la posición de la CNDH. Lo que es más, para que quede claro: condenamos a los deudores de pensiones alimenticias, igual que a los violentadores familiares, sean del sexo que sean”, explicó.
Explicó que por tratarse de un tema que involucra distintas visiones, algunas muy encontradas, la CNDH está obligada a atender los puntos de vista de unas y otras, y procurar un ambiente de diálogo y entendimiento que, de manera integral, redunde en la primacía de los derechos humanos para todas y todos sin distinción. Poniendo, desde luego, a la persona en el centro.
