Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica de la Presidencia, destacó la reforma a la Ley de Amparo y garantizó que los Derechos Humanos se mantienen firmes y protegidos como lo consagra la Constitución y no se debilita el amparo sino que se fortalece y lo mantiene “como un escudo de la ciudadanía, pero ya no como un refugio para quienes buscan evitar la justicia”.
Godoy Ramos expuso la armonización de leyes secundarias en materia de la reforma judicial.
“Se fortalece el juicio de amparo para que sea más ágil y sencillo, con reglas muy precisas y claras. También se protege el orden público y el interés social; se incorporan nuevas herramientas tecnológicas para modernizar la justicia; se ajustan algunos recursos fiscales y homologan los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa”, dijo.
Ante la presidenta Claudia Sheinbaum, la consejera jurídica aseveró que el juicio de amparo está garantizado en la Constitución y que actualmente, en el trámite “es tardado, lleno de tecnicismos y vacíos legales, además no se encuentra a la vanguardia con los avances tecnológicos, lo que dificulta su acceso y efectividad.
“Por ello, es fundamental una reforma que dé paso a una justicia efectiva, que devuelva las bondades de dicho juicio de amparo”, mencionó.
DD. HH. se mantienen protegidos
Godoy Ramos aclaró que los derechos humanos “se mantienen firmes y protegidos” como lo consagra la Constitución. “Esta reforma no debilita el amparo, lo fortalece, lo mantiene como un escudo de la ciudadanía, pero ya no como un refugio para quienes buscan evitar la justicia”.
“Ampararse para defender derechos es justicia, ampararse para ocultar delitos es impunidad, y para la debida aplicación de la Ley de Amparo es necesario modificar el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa”, apuntó al destacar que se incluye un lenguaje incluyente.
Este paquete, dijo, busca profundizar la nueva forma de administrar justicia y que estas modificaciones complementan las leyes secundarias de acceso a la justicia.
En materia de congelamiento de cuentas, expuso que el órgano jurisdiccional dejará a salvo los recursos necesarios para el pago de obligaciones laborales, fiscales y alimentarias, y asegurar la subsistencia de la persona física y de acreedores alimentarios.
También permitirá que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda requerir, obtener y diseminar información financiera para la detección y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita o conductas ilícitas relacionadas.
