La semana pasada se produjo un importante pronunciamiento conjunto de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y de la Sala Superior del Tribunal Electoral para defender la dotación presupuestal que reciben y señalar que para el año 2024 se está ante la necesidad de contemplar un aumento del 4 % a la misma.
La postura del Poder Judicial Federal se da en el marco de una constante tensión entre los poderes federales, avivada por señalamientos en las conferencias de prensa del presidente y por algunas intervenciones de legisladores que demuestran profunda ignorancia respecto al funcionamiento del Estado constitucional de derecho y del principio de división de poderes.
Nadie niega que la impartición de justicia en México cuesta y cuesta mucho. Es cierto. Pero también lo es que se debe considerar, al menos respecto a la justicia federal, que se trata de una tarea que abarca un país enorme, que se tiene que desplegar en condiciones adversas en muchos casos (hay muchas personas juzgadoras que viven amenazadas por el crimen organizado) y que requiere tener sueldos decorosos para remunerar cargas de trabajo que exigen grandes sacrificios personales y familiares.
Pero, además, el Poder Judicial Federal en los años recientes ha tenido que sumarse a la implementación de importantes reformas que, habiendo sido aprobadas por los legisladores, les incrementan de manera importante la carga de trabajo.
Los estándares internacionales en materia de independencia judicial (fijados por la ONU y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros organismos) señalan que es indispensable asegurar garantías salariales para las personas juzgadoras, de forma que no se les pueda presionar con disminuciones salariales como una forma de expresar el desacuerdo de los poderes políticos respecto a alguna decisión tomada.
El relator de la ONU para la independencia de los jueces ha señalado que toda reducción del presupuesto asignado al Poder Judicial debería contar con su consentimiento o con el visto bueno del órgano que tiene a cargo su administración.
Es más, la historia del país recuerda que quienes hoy están tomando decisiones, quizá mañana tengan que acudir a defenderse ante un tribunal. Nadie debería olvidar que el ejercicio del poder público es transitorio, y así como hoy en día parecen tener todo el poder, el día de mañana lo tendrán otras personas, con intereses diferentes. Por eso es mejor apostarle al respeto institucional y no a la asfixia presupuestal de uno de los Poderes de la Unión.