El presupuesto público que se asigna a la infancia es asumido y medido como inversión, pues redunda en beneficios para el país, además de que reduce la delincuencia y la inseguridad, expuso Ricardo Bucio.
El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes indicó que al canalizar recursos a ese sector, también aumenta la productividad en el empleo.
Asimismo, disminuye el gasto público en salud y la necesidad de tener programas de transferencias financieras, para apoyo de las poblaciones más vulnerables.
En entrevista con Notimex consideró que los menores de edad en México llegan este 30 de abril, Día del Niño, en una situación muy complicada debido a las problemáticas existentes en materias de pobreza, violencia, exclusión y falta de atención.
El funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob), agregó que igualmente está lo referente a la desnutrición, la obesidad y la falta de atención en la edad temprana, que son un conjunto de situaciones complejas.
El servidor público recordó que se creará un Sistema Nacional de Información que integrará la información estadística, geográfica y sociodemográfica, al tiempo que generará indicadores cualitativos y cuantitativos.
El secretario ejecutivo señaló que el momento de cambio responde a la complejidad que viven niñas, niños y adolescentes en el país, lo que representa un enorme desafío para todos los gobiernos.
Además agregó que es un momento en el que el proceso de derechos humanos que está viviendo el país tiene que llegar a eso, es decir: encontrarse la política de derechos humanos con la política económica, el artículo primero con las definiciones presupuestarias.
“Tiene que haber la articulación de los programas de desarrollo social con los de desarrollo económico y todas las acciones que hacen estados y municipios, porque no solo son los programas de combate a la pobreza o desarrollo social los que pueden reducir la pobreza”, dijo.
También la disminuyen entornos más seguros, una mejor política de empleo, plazas laborales mejor remuneradas y estables, así como la posibilidad de una educación de calidad más amplia.
Indicó que desde esa perspectiva, la ley general obliga a que la pobreza de niños y adolescentes se aborde de manera multidimensional, no solamente como un tema de ingresos o de transferencias financieras.
Ricardo Bucio aclaró que ésta es distinta de la política de combate a la pobreza de los adultos, porque estos tienen ingresos y los niños no, por lo que en las familias pobres los adultos son 13 puntos menos pobres que los menores de edad.
