El pasado mes de marzo, una mayoría calificada en la Cámara de Diputados eligió a Aureliano Hernández Palacios como titular de la Auditoría Superior de la Federación por los siguientes ocho años. Desde su llegada a la cabeza de la institución, el nuevo auditor ha realizado una serie de cambios que a primera vista parecen positivos.
El auditor presentó ante la Comisión de Vigilancia un plan de trabajo para los primeros 100 días en el encargo, reunió a los 32 auditores de las entidades federativas para reactivar el Sistema Nacional de Fiscalización, reorganizó administrativamente a la ASF, creó direcciones y áreas, eliminó unidades, modificó salarios y promovió una reforma a tres ordenamientos normativos que fue publicada la semana pasada.
En el papel, estos cambios representan un viraje en la dinámica de la revisión del uso y destino del gasto público: de una instancia con poca interlocución con la ciudadanía y con énfasis en la prevención, se pasa a un modelo con mayor apertura, mejor coordinación con otras instituciones revisoras, mayor eficiencia en la gestión y sobretodo, mayor relevancia.
Uno de los cambios principales consiste en imponer multas a servidores públicos o particulares que sean omisos en los requerimientos de información o que incumplan total o parcialmente con la obligación de brindar los datos necesarios para revisar el uso de recursos públicos.
Estas multas pueden ir de los 17 mil a los 235 mil pesos. Hasta el momento, no se conocen los parámetros para imponerlas. Lo que sí se conoce es que la ASF podrá investigar de oficio o derivado de una denuncia, presuntas faltas administrativas independientemente del proceso de fiscalización. Para ello, hay varios cambios que promueven la denuncia ciudadana.
Cerca del 25 % de las auditorías del mundo cuentan con facultades jurisdiccionales, esto es, con la capacidad de imponer multas, exigir el resarcimiento del daño o sancionar directamente a los funcionarios sin necesidad de acudir a tribunales.
Sin embargo, para que este modelo funcione, las instituciones deben de cumplir con estándares internacionales contemplados en las normas profesionales de auditoría.
Al respecto existen 12 principios que incluyen: la legalidad y alcance de las medidas, la libertad de acceso a la información, la seguridad jurídica, la posibilidad de objeción y apelación por parte de los sancionados, la imparcialidad, la calidad de los procesos, la emisión de las determinaciones en un plazo razonable y la publicidad de las resoluciones.
Los cambios anunciados parecen apuntar a una fiscalización más rigurosa. Sin embargo, solo se sabrá de sus efectos si la revisión del gasto público se traduce en mejorar la vida de los ciudadanos.
