Las propuestas que envió el Ejecutivo dentro del Paquete Económico 2022 en materia de tributación, si bien no incluyen nuevos impuestos, consideran una excesiva carga para las empresas e incrementan la escasa certeza jurídica para las inversiones, dijo la International Chamber of Commerce México (ICC México).

Existe preocupación en torno a al menos siete temas, porque se establece más carga tributaria que generará costos a las empresas, por lo que la cámara internacional pidió a los legisladores revisar y analizar con profundidad las modificaciones que se quieren realizar.

Esto significa que nuevamente se deja fuera al sector informal y se pone mayor carga a los contribuyentes cautivos, lo que atenta contra la justicia tributaria y mantiene la permisividad a la informalidad.

Los siete puntos que preocupan es que se “elimina la posibilidad para las empresas maquiladoras de solicitar una resolución de precios de transferencia”, lo que quiere decir que se exige mayor detalle en la información de documentación comprobatoria.

En segundo lugar, prácticamente no se devolverán los impuestos que se pagaron en el extranjero y habrá doble tributación.

La tercera inquietud tiene que ver con el tratamiento que se les dará a los créditos respaldados que deriven intereses a personas morales o residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país cuando carezca de una razón de negocios; el punto es que será la autoridad la que determinará cuándo sí hay o no esa razón, lo que eliminará la deducción de los intereses pagados y se tratará como pago de dividendos.

En cuarto punto está el de los intereses no deducibles. En quinto: “se establecen mayores requisitos para reestructuraciones corporativas”, lo que genera incertidumbre jurídica en la reagrupación de empresas.

Como sexta inquietud está el que en el CFF se plantea que las autoridades fiscales determinen la simulación de actos jurídicos entre partes relacionadas, “basándose incluso en elementos de presunción”.

Finalmente, les preocupa la Ley de IVA, la propuesta es “definir el concepto de operaciones no objeto y restringir el acreditamiento de IVA relativo a gastos, inversiones y operaciones de importación cuando las operaciones realizadas por el contribuyente califiquen como operaciones no objeto”.