En México existen diversas instituciones encargadas de vigilar el cumplimiento y respeto de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, y en los tratados internacionales de los que México es parte.
A nivel internacional, existe una organización llamada Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI, por sus siglas en inglés), que opera desde Ginebra, Suiza.
Dicha organización acredita a las instituciones de derechos humanos de diversos países del mundo, en atención al cumplimiento que dichas instituciones de los llamados “Principios de París” (principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos). En el caso de México, GANHRI sólo acredita a la CNDH, y no a las muchas otras instituciones de derechos humanos en México, tales como las comisiones locales de derechos humanos, y otras cuya competencia se enfoca en ciertos derechos humanos en particular, como por ejemplo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y desde luego, el Instituto Nacional Electoral (INE) cuya competencia se enfoca en los derechos humanos de carácter político.
Los Principios de París se refieren a las garantías de independencia que las instituciones nacionales de derechos humanos deben tener, para asegurar la representación de la sociedad civil. Se refieren también a que el proceso de elección debe garantizar dicha independencia y representación pluralista, e indica que la administración pública, de incluirse en los órganos de gobierno, solamente debe participar en los debates a título consultivo.
Este último aspecto no se cumple en México en algunos organismos de derechos humanos, como el caso de aquellos que tienen una junta de gobierno en la que dependencias de la administración pública participan con voz y voto. Para garantizar la independencia orgánica de estas instituciones, es necesario que el Poder Ejecutivo se mantenga al margen de las decisiones que dichas instituciones adopten.
Además, los Principios de París establecen que las instituciones de derechos humanos deben disponer de una infraestructura apropiada para el buen desempeño de sus funciones, así como de recursos económicos suficientes, “a fin de lograr la autonomía respecto del Estado y no estar sujeta a controles financieros que podrían limitar su independencia”.
Recientemente se ha discutido mucho respecto de la autonomía, tanto orgánica como financiera, del INE, particularmente en cuanto a sus capacidades presupuestales para estar en condiciones de desempeñar sus funciones en la consulta de “revocación de mandato”. Se han presentado diversos intentos, de diversa índole, para socavar la autonomía del INE.
El reconocido especialista, José Woldenberg, quien fuera el primer presidente del entonces Instituto Federal Electoral, recientemente aseguró, en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez, que el INE y sus consejeros se han enfocado en defender su autonomía, y reprochó los intentos emprendidos para socavarla, como la denuncia penal presentada en contra del presidente del INE, Lorenzo Córdova, y otros miembros del Instituto, y afirmó que el Presidente López Obrador no le gusta convivir con instituciones autónomas. Woldenberg dijo que su principal preocupación no son los “excesos” del INE, sino los del Presidente de México, quien, según él, parecería no entender que la propia Presidencia de la República se beneficia de instituciones del Estado autónomas.
Por eso, hay que defender la autonomía del INE y de las demás instituciones nacionales de derechos humanos.