El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, la iniciativa presidencial para expedir la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, que homologa la tipificación de este flagelo a nivel nacional, y plantea sanciones de hasta 25 años de prisión a quienes la cometan.
Quedó avalada por unanimidad de 456 votos a favor por parte de todos los grupos parlamentarios.
El debate se centró en las penas establecidas en la reforma, pues la oposición recriminó que diversos estados tienen penas superiores a las establecidas en la ley, lo que aseguraron, podría dejar en libertad a más de 500 presos sentenciados por extorsión.
“Al menos hay cinco estados de la República que tienen penalidades más altas que la que actualmente se propone en el delito básico de extorsión: Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit y Quintana Roo, tiene una penalidad superior a los 16 años que es la que prevé esta legislación. Al aprobarla como está la legislación, vamos a generar que muchos delincuentes salgan en libertad. 500 personas pueden salir, delincuentes de alto impacto”, declaró el diputado del PRI, Alejandro Domínguez.
El legislador panista, César Damián Retes, dijo que con la reforma se pretende bajar la sanción en diversos estados del país.
