El pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad de la reforma presidencial en materia de extorsión, para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de este delito, que establezca como como mínimo los tipos penales y las sanciones correspondientes en materia de extorsión.
La reforma aprobada con 106 votos al inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política, que turnada al Ejecutivo para su publicación, tiene el objetivo de facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general que pueda revertir este grave y creciente delito que afecta a todos los sectores de la sociedad y de la economía.
Lucía Trasviña, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, argumentó que “la extorsión no es un delito menor ni es un delito aislado, es un flagelo que le hacen a hogares, negocios, instituciones y comunidades completas”.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero de 2025 se registró un promedio diario de casi 30 extorsiones, lo que significa un incremento del 57 % en tan solo seis años.
El Inegi señala que en 2023 fue el delito más frecuente contra las unidades económicas con un costo superior a 124 mil mdp equivalentes al 0.51 del PIB.
En los artículos transitorios establece que el Congreso deberá expedir la ley general de la materia a la que se refiere este decreto, en un plazo no mayor a 180 días contados a partir del día siguiente de su entrada en vigor.
