El Congreso de Baja California aprobó adiciones al artículo 293 del Código Penal para castigar a funcionarios que autoricen urbanizar en suelos irregulares.
Por unanimidad los diputados aprobaron la iniciativa, propuesta por Roberto Dávalos, que adiciona la fracción XVII al artículo 293 del Código Penal, el cual establece que el servidor público que infrinja esta ley comete el delito de abuso de autoridad.
Es decir, “cuando otorgue permisos, autorizaciones o aprobaciones para urbanizar o fraccionar el suelo, en cualquiera de las etapas en que se encuentre”, detalla la adición de la ley.
Especialmente cuando “sea omiso en verificar o exigir que los interesados cumplan con todos los requisitos previstos en la ley y sus reglamentos”.
Dávalos Flores argumentó en la exposición de motivos que su propuesta se debe a que muchas familias de Baja California han enfrentado problemas al adquirir viviendas fraccionadas en terrenos cuyas condiciones son irregulares.
Resaltó que fraccionadores han obtenido permisos aún en contra de los requisitos exigidos por la legislación y sus reglamentos vigentes.
