A pesar de las críticas de que son acciones excesivas e inconstitucionales, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, la minuta del Senado de la República con la que se le otorga la facultad a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de congelar cuentas de usuarios e iniciar procesos de extinción de dominio cuando haya presunción de delitos de financiamiento al terrorismo o de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El dictamen, que será enviado al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor después de aprobar sus reservas, fue avalado con 308 votos a favor de Morena, PT y PES, 141 en contra del PAN, MC y algunos del PRI, así como 10 abstenciones.
En este dictamen se prevé agregar un capítulo quinto en la Ley de Instituciones de Crédito que se llamará De la Garantía de Audiencia de las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas y servirá para que los usuarios de cuentas que hayan sido congeladas podrán defenderse y comprobar sus ingresos antes de su extinción.
Se describe que se podrá introducir a la lista de personas bloqueadas cuando se cuente con indicios suficientes de que se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o a los asociados con los delitos señalados.
“Las personas que hayan sido incluidas en la lista de personas bloqueadas a la que hace referencia el artículo 115 de esta ley podrán hacer valer sus derechos a través del procedimiento de inclusión de las personas bloqueadas, ante la Unidad de Inteligencia Financiera”, define el dictamen.
