El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum por la que se expiden tres nuevas leyes, que establecen la transferencia de funciones, recursos materiales, financieros y humanos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como la creación del al organismo denominado Transparencia del Pueblo.
El dictamen quedó avalado por votos 321 a favor por parte de Morena, PT y PVEM, así como 125 sufragios en contra por parte del PRI, PAN y MC, cuyos integrantes denunciaron abuso de poder, violación a los derechos humanos, desmantelamiento de la rendición de cuentas, centralización y control de la información, y el “entierro de la transparencia en México”, entre otras cosas.
El proyecto establece la expedición de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Funciones
Entre otras cosas, el contenido de dichas leyes permiten clasificar información si se trata de proyectos “cuya divulgación afecte los intereses del Estado”, también permite reservarla “cuando represente afectaciones a la paz social”, declara como confidencial “cualquier denuncia o procedimientos administrativos contra servidores públicos”, deja al Ejecutivo Federal la autoridad para nombrar a quien presida el órgano, mientras que los recursos quedarán a cargo del organismo de Transparencia del Pueblo que dependerá del gobierno.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Transparencia, Ricardo Mejía Berdeja, aseguró que con las modificaciones “la administración pública se volverá más ágil y cercana a las necesidades de los mexicanos”, y además destacó que la Secretaría Anticorrupción “absorberá el 80 % del trabajo del Inai, pero con el 35 % del costo de su estructura, lo que equivale a un ahorro anual para todas y todos los mexicanos de casi mil 100 millones de pesos”.