Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen que reforma la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y al Código Penal Federal, a fin de fortalecer las capacidades del Estado en el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
La iniciativa incorpora reglas específicas y sistemas automatizados para el monitoreo de personas políticamente expuestas (PEP) como secretarios de Estado, jueces, legisladores y demás servidores públicos de los tres niveles de gobierno y los tres Poderes de la Unión.
El documento destaca que el propósito fundamental es garantizar la estabilidad del sistema financiero, cumplir con estándares internacionales y proteger la integridad de la economía nacional.
La Secretaría de Hacienda (SHCP) será responsable de elaborar y mantener actualizado un listado nominativo de las personas servidoras públicas clasificadas como PEP y las dependencias federales, locales y municipales, así como órganos autónomos, empresas públicas y fiscalías deberán remitir sus listados a la SHCP.
Alertan de riesgos
Los senadores de oposición alertaron sobre riesgos de vigilancia excesiva, uso faccioso y violación de derechos con nuevas atribuciones a la Secretaría de Hacienda y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Manuel Añorve, coordinador del PRI, denunció que la reforma da herramientas al gobierno para “congelar cuentas por simple sospecha” y advirtió un uso faccioso para perseguir a opositores, sindicatos, iglesias, partidos políticos y organizaciones civiles sin necesidad de juicio previo.
Guadalupe Murguía, senadora del PAN, alertó sobre el riesgo de ambigüedad en la definición de PEP y cuestionó que sea la Secretaría de Hacienda la encargada de interpretar e implementar las disposiciones, lo que consideró “jurídicamente inconveniente”.
Añadió que empresarios han manifestado preocupación por la carga administrativa impuesta a quienes realicen actividades comerciales que excedan ciertos umbrales de operación.
Sin embargo, Javier Corral, de Morena, presidente de la Comisión de Justicia, aclaró que esta reforma únicamente tiene el carácter preventivo-administrativo, por lo que desmintió que incluya el congelamiento de cuentas u otras medidas de índole judicial.
