El pleno del Senado de la República alista la aprobación de una reforma que busca frenar el éxodo de más de 30 mil menores a las filas del crimen organizado en México en labores de halconeo, sicarios y distribuidores de drogas, aumentando las penas para quienes obliguen a niños y adolescentes a esas actividades con penas de entre 30 y 60 años.
Ello luego de que la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, que preside la senadora Josefina Vázquez Mota, avaló un proyecto que busca combatir el uso de menores de edad, por parte de la delincuencia organizada, para cometer actividades ilícitas.
El dictamen incluye una reforma a la fracción II del artículo 5 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para precisar que las penas previstas en el artículo 4 de dicho ordenamiento aumentarán hasta en una mitad cuando se utilice a niñas, niños, adolescentes o incapaces para cometer cualesquiera de los delitos a que se refiera la Ley, o se les involucre, con cualquier grado de intervención, en su ejecución.
Es decir, las penas por enrolar menores en cárteles de la droga y otras organizaciones delictivas será de entre 30 y 60 años de prisión.
La reforma argumenta que “los grupos de la delincuencia organizada han visto una oportunidad en el reclutamiento y entrenamiento de los menores dentro de sus operaciones delictivas”.
Los legisladores advirtieron que es evidente que el crimen organizado opta por utilizar y reclutar menores de edad, debido a la facilidad con la que inciden en ellos al ofrecerles ciertos prototipos de vida, y a que el sistema acusatorio penal tiene más consideraciones con una persona menor de edad; repercusiones y condenas menores o nulas.