Avanzan en universalización de pensión

Actualmente, dicha pensión la reciben sólo niñas, niños y jóvenes de cero a 29 años. Cortesía
Actualmente, dicha pensión la reciben sólo niñas, niños y jóvenes de cero a 29 años. Cortesía

La Federación y los gobiernos estatales dieron un paso más al avanzar en los mecanismos financieros y las reglas de inclusión para establecer la universalidad de la pensión para las personas con discapacidad.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, encabezó con representantes de gobiernos estatales la segunda reunión de trabajo hacia una “Pensión Universal para las Personas con Discapacidad” que busca ampliar ese mecanismo para que llegue a más personas.

Actualmente, dicha pensión la reciben sólo niñas, niños y jóvenes de cero a 29 años, así como adultos de 30 y hasta antes de cumplir 64 años que habitan en comunidades indígenas y afromexicanas.

En la reunión, se destacó la importancia de avanzar en la selección de los mecanismos de operación financiera y criterios de políticas de inclusión para ampliar la cobertura de apoyo a quienes viven con alguna discapacidad.

La finalidad, se explicó, es que el Gobierno de México aporte 50 % y los gobiernos estatales el otro 5 0% del presupuesto que se requiere para que todas las personas con discapacidad permanente puedan acceder a la pensión, sin distinción.

Con ello, se da seguimiento y materializan los objetivos firmados en el convenio marco, el pasado 15 de diciembre en Tabasco, entre la Federación y 29 gobernadores, con el objetivo de que la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente se amplíe y llegue a más personas.

Montiel Reyes destacó el trabajo conjunto para la toma de decisiones coordinadas en las tareas que se requieren para el registro de quienes serán los nuevos derechohabientes de la pensión, las aportaciones que cada estado hará para que la pensión se amplíe en su entidad, entre otras acciones.

Durante la reunión, los representantes de los estados se comprometieron a trabajar en conjunto con el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, para determinar las acciones en materia económica y de planeación que permitan la universalidad del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente en el país.