La noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Miguel Ríos Ney viajaba en el autobús del equipo Los Avispones cuando en el crucero de Santa Teresa recibió cinco balazos, uno en la pierna, otro en la rodilla, dos en el estómago y uno más en el codo.
Por ese ataque, Miguel ha pasado por un proceso largo de rehabilitación que incluye cinco cirugías. Durante más de cuatro años estuvo yendo cada semana a terapias dolorosas. Intentar reactivarle el nervio cubital que rompió la bala que le impactó en el codo fue tortuoso.
Al final no pudieron. Su mano izquierda tiene un movimiento parcial, dos dedos están inmóviles. Y su rodilla no resiste las jornadas de un atleta.
Miguel concluyó la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad del Futbol del equipo Pachuca. Para lograrlo, él y su familia estuvieron al límite. Terminaron llenos de deudas, principalmente, por el incumplimiento del Gobierno Federal en el pago de la beca.
Ahora, atiende un negocio que montó con ayuda de sus padres: vende pintura en un poblado de Guerrero. Intenta rehacer su vida, después de que su sueño de ser futbolista profesional quedó truncado por una bala que le atravesó la rodilla.
Miguel, con el apoyo de su familia, mantienen dos luchas constantes desde la noche trágica: su rehabilitación y la exigencia para que el Estado reconozca que es víctima de una violación grave a los derechos humanos. Las dos han sido costosas y agobiantes.
Tuvieron que demandar a las instituciones y apenas en 2018 lograron que un juez obligara a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a reconocerlo como víctima.
El reconocimiento no fue casual, el resultado de una prueba de balística determinó que una ojiva que impactó en Miguel salió de un arma a cargo de un agente de la policía de Iguala.
En la recomendación 15VG/2018 emitida por el caso Ayotzinapa, la CNDH precisa que 20 casquillos calibre .223 localizados en el crucero de Santa Teresa procedieron de armas de la policía de Iguala.
Al menos dos casquillos salieron de fusiles semiautomáticos marca Beretta modelo SCP 70/90 con series A-12062G y A-24801G a cargo de los agentes de Iguala, Salvador Herrera Román y Raúl Cisneros García, respectivamente, de acuerdo con la asignación del armamento de la corporación, como lo documentó la CNDH.
La mala racha atrapó al equipo
Desde 2014, cuando el equipo Los Avispones fue atacado en el crucero de Santa Teresa, se fue quedando sin apoyos. Esa noche del 26 de septiembre era el inicio de temporada y Los Avispones ganaron 3 a 1 al equipo de Iguala.
Al término del partido decidieron salir de inmediato, al enterarse de que en el centro de la ciudad había balaceras; en realidad eran los ataques que estaban sufriendo los estudiantes normalistas.
Cuando salían de Iguala, los detuvieron en un retén que instaló la Policía Federal, cerca del Palacio de Justicia. A los autos y camiones los desviaron por un camino rural, a los autobuses los retuvieron. Ahí estuvieron unos 15 minutos. A las 23:30 horas los dejaron pasar y siete minutos después el infierno se les vino encima.
Policías de Iguala, Huitzuco y presuntos criminales los atacaron a tiros por un costado y por enfrente. Quedaron en la carrocería del autobús 80 disparos. Murió “el Zurdito” David Josué García Evangelista, un adolescente que no tuvo tiempo de debutar. El chofer Víctor Manuel Lugo y 21 quedaron heridos.
Ese año, la FMF dictaminó que una franquicia de un equipo de futbol profesional no podía ser administrada por el Ayuntamiento, como lo hacía el de Chilpancingo desde hacía 25 años.
Ese dictamen dio pie para que los gobiernos locales les retiraran el apoyo. Esta temporada el equipo estuvo a punto de quedar fuera de la liga, no contaba con dinero para el registro de los jugadores, del cuerpo técnico, la inscripción y los uniformes.
Un día, tuvieron que salir a botear para recaudar fondos y fue entonces cuando las autoridades los voltearon a ver. Al cierre del plazo, Los Avispones se registraron para la temporada 2019-2020.
El conjunto de futbol se convirtió en una asociación civil y actualmente no cuenta con dirigente, el último, Marco Iván Rodríguez Navarrete, fue asesinado en mayo pasado.
