La reducción de la pobreza es muy buena noticia. Hay que celebrarla. También hay que entender bien qué funcionó para fortalecerlo, qué es lo que falta para crearlo y que falló para cambiarlo con urgencia.
Cuando hace 10 años inició la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza se soñó con erradicar la pobreza extrema en “una generación”. Al poco se descubrió que también se podía reducir sustancialmente y para siempre la pobreza creada desde el sistema laboral (porque #QuienTrabajaNoDebeSerPobre).
Hoy ese horizonte es más cercano, si además de festejar el avance logrado se aprende y se actúa para avanzar más.
Lo más importante ahora es entender qué pasó. Los datos de Inegi son muy claros: la reducción de la pobreza es el resultado de la dimensión económica, la dimensión social no cambió sustancialmente y en algunos casos se deterioró más.
En la dimensión económica, de 2018 a 2024 mejoró el ingreso producto del trabajo, mientras que en la dimensión social, las carencias que dependen de políticas públicas (educación, salud, seguridad social) se estancaron o empeoraron. La más grave es la carencia por acceso a servicios de salud que se duplicó: del 16 % de la población (20 millones de personas) a 34 % (44.5 millones de personas).
En cambio, el ingreso crece 22 % en términos reales para todas las personas, pero mucho más para quienes ganan menos: el ingreso del decil I subió 40 %; el decil II, 33 %; el decil III, 28 %. Este incremento proviene mayoritaria y sustancialmente del trabajo, representan alrededor del 70 % del incremento del ingreso.
Como dicen en la saga de Star Wars: este es el camino (This is the way!).
La vía para avanzar aún más, más rápido y de manera sostenible, depende sobre todo de la dimensión económica, concretamente del impulso a la creación de empleos con ingreso digno y la incorporación laboral de mujeres y jóvenes que hoy están en condición de exclusión.
Impulsar un nuevo paradigma económico de inclusión y crecimiento con equidad requiere de políticas públicas efectivas, pero también y sobre todo de la participación de los sectores productivos: las empresas y las y los trabajadores. Aumentar el ingreso laboral requiere concertación y diálogo social para vincularlo a la mejora de la productividad, no depende solo ni principalmente de los gobiernos.
La política social necesita cambios urgentes. Los datos de Inegi confirman: el efecto de los programas de transferencias sobre la pobreza es mínimo y sobre la pobreza extrema es nulo. Pese al crecimiento de su presupuesto, que subió de 150 mil millones en 2018 a 700 mil millones en 2024, la diferencia en su efecto es mínima: 1.3 puntos porcentuales más en la pobreza y solamente 2 décimas de punto, o sea nada, en la pobreza extrema.
Teniendo claro que la política social no puede solo ni principalmente basarse en transferencias monetarias, urge mejorar su distribución, pues hoy excluyen al 65 % de los hogares de menores ingresos. 10 millones de hogares de los “deciles más bajos” (I, II, III y IV) no reciben apoyos. El fracaso del “Censo del Bienestar” cobra su factura.
En la dimensión social urge (i) crear un “piso” universal de derechos garantizado, (ii) mejorar la calidad y equidad de los servicios de salud y educación; (iii) multiplicar servicios de cuidado que permitan la inclusión económica de las mujeres; (iv) promover “primer empleo” e inserción laboral de jóvenes sin estudios universitarios.
Un México sin pobreza es posible, lograrlo requiere involucrar a todos los actores con este propósito.
