Este año, el Banco de México (Banxico) cumple 25 años de ser una institución autónoma; es decir, que no puede ser obligado a prestarle dinero al gobierno, y ninguna autoridad puede ordenarle que le brinde crédito.
Tal es la esencia de la autonomía que conquistó el instituto central con la reforma al artículo 28 de la Constitución en 1993, la cual entró en vigor el 1 de abril de 1994.
Ser autónomo implica que determina las políticas e instrumentos para alcanzar su objetivo prioritario, que es mantener la estabilidad de precios, así como para realizar sus otras funciones.
Así, si el gobierno llega a tener un problema de dinero, ni siquiera el presidente de la República puede exigirle al banco central que lo saque de apuros o solicitarle apoyo para financiar el gasto público.
La Constitución Política mexicana ordena al banco central a tener como objetivo principal preservar el valor de la moneda; es decir, combatir la inflación para que los precios al consumidor no anulen el valor del salario de los trabajadores.
El Banco de México tiene otros dos objetivos secundarios, que son promover un sistema financiero sano y el adecuado funcionamiento del sistema de pagos.
Además, tiene independencia presupuestal y de gestión, porque al administrar las reservas internacionales del país, que ascienden a cerca de 179 mil millones de dólares, obtiene rendimientos de las inversiones de dichos activos.
Para cumplir su mandato primario, se propuso como meta puntual que la inflación no rebase un nivel de 3%, con un rango de variabilidad de más/menos un punto porcentual. Desde enero de 1999, Banxico adoptó la estrategia de objetivos de inflación como un mecanismo para mejorar la comunicación con el público y reforzar la credibilidad en el banco central.
Si llega a desviarse de dicho objetivo, tiene que reaccionar para evitar que se deteriore el poder adquisitivo de los mexicanos, ya que la inflación es considerada como un impuesto que afecta a los de menores ingresos.
