El secretario de Gobierno de la CDMX, Martí Batres Guadarrama, resaltó que “hoy se vive en el país y en la capital una nueva era de cambios progresistas”, luego de presidir la ceremonia conmemorativa por el 105 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de 1917, en el Museo de la Ciudad de México.
Destacó la importancia que tiene para la nación la reforma eléctrica y energética que promueve el presidente de la República, por lo que dijo que “tiene que darse por el bien de la seguridad energética y por el bien de los usuarios. (…) Todo proceso de transformación se expresa y deja un legado a través de una propuesta jurídica, como sucedió con la Independencia, la Reforma, la Revolución y, actualmente, con la etapa de cambios llamada Cuarta Transformación”, expresó el funcionario.
Acompañado de funcionarios locales y federales, Batres Guadarrama recalcó que la esencia de nuestra historia constitucionalista, desde principios del siglo XIX hasta nuestros días, “es el componente popular que el día de hoy reivindicamos y al que le hacemos homenaje”. Como sucedió con las constituciones derivadas de la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana, aunque de manera pacífica, el funcionario destacó que de 2018 a la fecha, la Constitución de 1917 ha tenido profundas reformas.
Dijo que se tipificaron como delitos graves la corrupción y el fraude electoral, se reconoció la utilización de la figura de extinción de dominio para poder recuperar bienes de la nación hurtados por la corrupción. También se prohibió la condonación de impuestos, aplicada a las grandes corporaciones; se aprobó la figura de revocación de mandato, se estableció la posibilidad de que el presidente pueda ser juzgado por cualquier delito.
Se desapareció la partida secreta del presidente en el presupuesto, y se reconocieron nuevos derechos sociales para las personas adultas mayores, personas con discapacidad, estudiantes y el sistema de salud público universal, integral y gratuito.
En otro sentido, agregó, las grandes compañías reciben el pago por el llamado despacho eléctrico, aunque no entreguen la totalidad de la electricidad a la que se comprometieron. De esta manera, los usuarios domésticos, como son las familias y los ciudadanos comunes, tienen que pagar tarifas más elevadas que las grandes corporaciones económicas.
