Han pasado seis años desde que la maestra artesana Natividad García Silva, junto con su esposo y familia, comenzó un pequeño negocio textil desde Victoria Guadalupe, un pueblo de apenas unas cuantas familias localizado a siete horas de la capital oaxaqueña y a unos minutos de la cabecera municipal de San Pablo Tijaltepec, municipio de la Mixteca de Oaxaca.
Ahora, más de 25 vecinas artesanas les entregan sus bordados, mismos que se utilizan en vestidos y blusas que venden en la región y fuera de Tijaltepec.
Todos los días las mujeres dibujan con hilos de colores y una aguja distintos animales sagrados —como el venado— sobre su indumentaria, como una forma de expresar parte de su identidad.
Gracias a emprendimientos como el de Natividad, en los últimos años sus bordados también se han vuelto parte importante del sostén económico de las familias.
Pero en su lucha por el reconocimiento y la generación de empleo, las artesanas se han visto afectadas por diferentes factores, entre ellos plagios, intermediarios y pagos injustos por sus diseños.
Pese a la visibilización de sus bordados, existen intermediarios que pagan a las artesanas por debajo de los costos, principalmente a las personas mayores que no entienden bien español o que no saben leer ni escribir.
Lo anterior pese a que según Mauricio Cruz González, presidente municipal, en la comunidad no ha habido ninguna asamblea que determine si se otorga algún permiso para el uso de los textiles de Tijaltepec a externos, como lo exige la legislación, misma en la que se establecen sanciones por la apropiación indebida y el uso, aprovechamiento, comercialización o reproducción del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas.
Lo anterior cuando no exista “el consentimiento libre, previo e informado de dichos pueblos y comunidades o se vulnere su patrimonio cultural”. Pero hasta ahora no hay quien atienda estas denuncias.
“Sabemos que existe una ley de protección a las artesanas, pero hasta el momento no se ha podido dar a conocer (...) en las asambleas. Algunas artesanas conocen la ley por sus grupos de trabajo, pero es uno de los temas que tenemos pendiente a tratar”, indica el edil.
Al respecto, Jesús Emilio de Leo Blanco, titular del Instituto para el Fomento y la Protección de las Artesanías (IFPA), señala que dicha ley tiene como fin garantizar y reconocer el derecho de propiedad de los pueblos y comunidades indígenas, pero que “es un nuevo paradigma para la legislación mexicana” debido a que aún no existe una guía que garantice su implementación.
Indica que ante algún plagio o apropiación cultural, compete a la comunidad solicitar una asesoría, lo cual no ha sucedido.
Y agrega que todo ello debe quedar plasmado en un documento, un convenio de colaboración para que así también les retribuyan a las comunidades, no solamente el dinero, también un esquema de capacitaciones en tema de comercialización. Nada de eso ha ocurrido con los bordados de Tijaltepec.
Sobre la apropiación cultural, De Leo Blanco expresa que pese a lo nocivo de esta práctica aún hay vacíos en la cuestión legal y reconoce que faltan varios años para tener un andamiaje jurídico eficiente y eficaz que permita presentar las denuncias por apropiación.
Hasta el momento la opción que queda es cuestionar cómo resolver dichas denuncias a partir de la conciliación, pues ni siquiera existe claridad sobre qué instancia debe atender los casos.
“En las prácticas artesanales hay que citar quiénes son las autoras o los autores, pero también hay que contribuir en el registro de marcas o declaratorias de patrimonio cultural, de lo contrario estamos indefensos jurídicamente.
“Lo único que nos quedaría por hacer es lo que generalmente se hace: un reclamo a través de las redes sociales para que se reconozca a las autoras y a los autores que realizan esos textiles, sobre todo ante plagios o apropiación”, puntualiza el funcionario.
Para Susana Harp Iturribarría, senadora por Oaxaca e impulsora de la legislación que busca proteger el patrimonio cultural de las comunidades indígenas, un primer paso es que los propios pueblos, mediante asamblea, elaboren listados de aquellos elementos y expresiones que forman parte de su identidad, donde se defina cuáles sí pueden ser comercializados y cuáles no.
La legisladora federal también detalla que correspondería al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) llevar esta información a las distintas localidades y capacitar a los pobladores para que puedan usar dicha ley a su favor.