“Seis años sin banco”, decía una de las mantas de protestas en Aguililla, Michoacán, en julio pasado, ante los crecientes enfrentamientos de la población con el narcotráfico y la falta de servicios básicos.
Entre las complicaciones de vivir en terrenos dominados por el crimen organizado, el manejo de dinero en municipios con pocos o nulos accesos a servicios financieros, implica estrategias para que el pago de créditos y el acceso a otro tipo de productos formales sigan operando.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la última sucursal y cajero en Aguililla fue de Citibanamex, y estuvo en operación hasta marzo de 2015, en uno de los territorios más conflictivos del país, en la Tierra Caliente de Michoacán
“Hay un Bancomer en la cabecera municipal, y los que prestan son las personas que nos fían el fertilizante y las semillas”, dijo Arturo, autodefensa en Tepalcatepec, Michoacán, quien además considera, al igual que otros pobladores, no cosechar porque las tierras están ocupadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Entre las pocas opciones para acceder a servicios financieros, Arturo explica que en la zona sólo está presente la caja de ahorro Alianza. En un entorno en el que la población que pudo se fue a Estados Unidos y hoy manda remesas a familiares que siguen en la zona, los dólares alivian a algunos y otros sobreviven en cocinas comunitarias.
“Por la inseguridad nadie quiere invertir aquí. Cada año venían dos empresas americanas a sembrar pepino y ahora, ya este año, no van a venir”, dijo.
Consultados por El Universal, bancos y otros jugadores del sector financiero en México explican sus estrategias para operar sucursales y mantener el flujo de efectivo en zonas complicadas por la inseguridad.
En el consenso, las instituciones financieras aseguran que no han tenido que cerrar sucursales ante la violencia, no obstante, sus clientes deben recorrer varios kilómetros para acceder a estos servicios.
