Si a la población de El Salvador se le pregunta si hoy vive con más seguridad que en marzo de 2022, una mayoría responderá que sí. Si se le interroga acerca de si hoy hay más democracia en El Salvador que en marzo de 2022, una minoría contestará que no.
El debate surgió en ruta a que el próximo lunes El Salvador cumplirá un año de estar bajo un estado de emergencia que suspendió garantías constitucionales, autorizó al gobierno a violar telecomunicaciones y correspondencias sin tener orden judicial y limitó derechos de asociación, reunión, defensa y detención.
Ante el mortal asedio callejero de las maras Salvatrucha (MS-13) y Barrio o Mara 18 (M-18), Bukele llevó a la Asamblea Legislativa a declarar desde el 27 de marzo de 2022 un estado de excepción de 30 días y que ya prolongó a 12 meses. La medida del 27 respondió a que El Salvador sumó el 26 al menos 62 asesinatos en 24 horas.
Bukele desplegó operaciones castrenses y policiacas de arrestos masivos que en un año ya superaron los 67 mil y sin reconocer gran cantidad de denuncias por capturas arbitrarias.
Con su control autoritario del aparato estatal, Bukele arrasó con las maras y propagó su receta: nada se mueve en El Salvador sin permiso del mandatario, cuyo quinquenio se inició en 2019 y concluirá en 2024, y oponérsele significará sufrir el ataque de la aplanadora —mediática e institucional— oficialista. La situación de más seguridad y menos democracia “se vuelve explosiva, una bomba de tiempo por las condiciones económicas que continúan expulsando gente hacia EE. UU.”, añadió.
