La posibilidad de decidir sobre el propio final de la vida vuelve a ocupar el centro del debate público en el país. Una iniciativa ciudadana busca establecer un marco legal para la asistencia médica para morir, un procedimiento que permitiría a personas con enfermedades terminales o padecimientos irreversibles solicitar ayuda médica para poner fin a su sufrimiento bajo estrictos controles legales, médicos y éticos.
Uno de los principales impulsores de esta propuesta es Jorge Enrique Linares Salgado, doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), investigador del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) Nivel II y especialista en bioética, quien sostiene que el eje de la iniciativa es el respeto absoluto a la voluntad del paciente.
“Solamente la persona solicitante puede recibir la ayuda médica para morir. Nadie más, ni la familia, ni los médicos, ni personas allegadas pueden solicitarla en nombre de otra persona”, afirma en entrevista con Cuarto Poder.
Nuevo derecho
El académico explica que la propuesta busca reconocer un nuevo derecho individual, sustentado en la autonomía personal y acompañado de un procedimiento cuidadosamente regulado para evitar abusos.
“La iniciativa señala que la decisión debe ser ratificada por la propia persona, además de contar con la evaluación de los médicos y de un comité especializado. Se trata de crear un derecho personal para quien así lo decida en el momento preciso”, puntualiza.
Lejos de plantear un mecanismo automático, Linares explica que la iniciativa contempla diversas salvaguardas antes de que una persona pueda acceder a la asistencia médica para morir.
Solo podrían solicitarla personas mayores de edad con capacidad para expresar libremente su voluntad que enfrenten una enfermedad terminal o un padecimiento crónico, incurable, discapacitante e irreversible que les provoque un sufrimiento físico o psicológico considerado intolerable.
Evaluación previa
La petición tendría que realizarse de manera voluntaria y reiterada, ser evaluada por médicos independientes y revisada por un comité especializado que verificaría el cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la ley.
“Esto crea un derecho individual y establece un procedimiento muy claro para garantizar que la decisión sea libre, consciente e informada”, explica el filósofo.
Para Linares Salgado, el debate no debe centrarse únicamente en la medicina, sino en el reconocimiento de los derechos humanos relacionados con la autonomía y la dignidad.
Desde hace varios años, explica, la bioética ha evolucionado para colocar al paciente como protagonista de las decisiones sobre su propio tratamiento, especialmente cuando ya no existen posibilidades razonables de recuperación.
En México ya existen figuras jurídicas como la voluntad anticipada, que permite rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente la vida; sin embargo, la asistencia médica para morir representa un paso distinto, al permitir que el paciente solicite una intervención médica para poner fin a un sufrimiento irreversible bajo condiciones estrictamente reguladas.
Firmas reunidas
El proyecto comenzó a impulsarse mediante una iniciativa ciudadana que busca reunir el respaldo suficiente a través de 20 mil firmas, para ser analizada por el Congreso de la Ciudad de México. De aprobarse, la capital se convertiría en la primera entidad en contar con una legislación específica sobre asistencia médica para morir.
Durante la entrevista, Linares Salgado señaló que esta propuesta podría recorrer un camino similar al que siguió la interrupción legal del embarazo en México.
“Esto iniciaría en la Ciudad de México y podría extenderse posteriormente a otros estados conforme fueran aprobando regulaciones similares sobre la ayuda médica para morir”, explicó.
El investigador recordó que la Ciudad de México ha sido históricamente un referente nacional en el reconocimiento de nuevos derechos y consideró que esta iniciativa podría seguir la misma ruta legislativa que la despenalización del aborto, aprobada primero en la capital y posteriormente adoptada por distintas entidades del país.
“La Ciudad de México ha sido una ciudad de avanzada en materia de derechos. Así ocurrió con la interrupción legal del embarazo y creemos que esta propuesta puede seguir un trayecto semejante: comenzar aquí y, conforme avance la discusión pública y legislativa, extenderse a otras entidades”, señaló.
Edad poblacional
El investigador considera que la discusión ya no puede posponerse debido al envejecimiento de la población, el incremento de enfermedades degenerativas y la necesidad de ofrecer respuestas jurídicas a personas que enfrentan sufrimientos extremos sin posibilidades de recuperación.
Para Linares, precisamente por tratarse de un tema tan delicado, la regulación debe ser rigurosa.
“La intención no es abrir una puerta sin controles, sino construir un procedimiento transparente, con evaluaciones médicas, supervisión institucional y pleno respeto a la voluntad del paciente”, sostiene.
El académico considera que México enfrenta una transformación demográfica y médica que obliga a revisar las leyes relacionadas con el final de la vida. Cada vez más personas sobreviven durante años con enfermedades degenerativas o padecimientos irreversibles que deterioran profundamente su calidad de vida, una realidad que exige respuestas legales acordes con los avances científicos y el reconocimiento de los derechos humanos.
A su juicio, el debate sobre la asistencia médica para morir no debe entenderse como una confrontación entre la vida y la muerte, sino como una discusión sobre la dignidad, la autonomía y la libertad de decisión de quienes enfrentan condiciones médicas extremas.
