En 2020, el 46.1 % de la población de 65 años o más contaba con un ingreso inferior a la Línea de Pobreza por Ingresos (LPI). Por ello, es necesario reducir la edad mínima para que obtengan una pensión a cargo del Estado, establecido en la Constitución, y bajarla de 68 a 65 años, indicó la diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT).
“Para salvaguardar la integridad de las personas adultas mayores, se estima necesario proveerles de las condiciones económicas que les permitan una mejor calidad de vida, mediante el establecimiento de una pensión a cargo del Estado”, señaló en una iniciativa que presentó.
Planteó reformar el párrafo décimo quinto del artículo 4.º de la Constitución, para restablecer lo siguiente: “Las personas mayores de 65 años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la ley”.
Anteriormente, el artículo establecía: “Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley. En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos esta prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años de edad”.