Diputadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) impulsan reformas y adiciones a la Constitución Política, para que los institutos políticos estén obligados a observar que las y los candidatos cumplan con el requisito de no haber sido condenados o sancionados mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público.
Tampoco, haber sido penalizados por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal o condenados como deudores alimentarios morosos.
La iniciativa propone establecer dichos requisitos para ser diputada o diputado, titular de la presidencia de la República y de la Fiscalía General de la República (FGR), ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y aspirante a un cargo de elección popular en los tres ámbitos de gobierno en los estados.
Destaca que la manera más eficaz de evitar que personas violentadoras de mujeres y de los derechos familiares accedan a los cargos de elección popular, es que los partidos políticos exijan a las personas interesadas en una candidatura, que no hayan incurrido en alguna situación de violencia de género ni familiar.
Por esa razón, precisa que la 3 de 3 contra la violencia, constituye una medida que promueve que quienes aspiren a acceder a cualquier cargo público no deben incurrir en conductas que social y culturalmente son connotativas de la perpetuación de actitudes de dominio y actos discriminatorios patriarcales en contra de las mujeres por razón de género.