Javier desapareció el 1 de febrero de 2018, su familia lo buscó durante casi nueve meses y las autoridades de Jalisco tuvieron su cuerpo durante todo ese tiempo.
Su cadáver es uno de los cientos que fueron tratados con negligencia por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y sólo fue identificado por la presión social ejercida contra la administración del priista Aristóteles Sandoval, tras el escándalo de los cuerpos apilados en cajas de tráiler.
De los asesinos de Javier nada se sabe, pero quienes lo desaparecieron fueron funcionarios cuyos nombres aparecen en la página 229 del informe especial presentado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), tras la crisis forense que revelaron los tráileres.
“Raúl Sánchez Jiménez, entonces fiscal del estado; Maricela Gómez Cobos, entonces fiscal central; Fausto Mancilla Martínez, entonces fiscal regional; José Lino Morales Estrada, subdelegado adscrito a la Dirección de Investigación y Persecución del Delito.
“Además de Salvador Marco Antonio Cruz Flores, director de Recursos Materiales de la Fiscalía; Bernardo Arzate Rábago, coordinador general de Administración y Profesionalización de la Fiscalía; Luis Octavio Cotero Bernal, entonces director general del IJCF.
“Así como Eduardo Mota Fonseca, entonces director del Servicio Médico Forense; Francisco Javier Ortega Vázquez, entonces coordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales”, se lee en el documento.
Alrededor de las 22:00 horas del 1 de febrero, Javier (36 años) salió de la casa de sus padres en el centro de Tlaquepaque para ir con una amiga, pero ya no volvió.
Por sus medios su familia ha logrado armar una parte de lo que ocurrió aquella noche: a las 23:00 horas alguien comenzó a llamarle sin éxito a su teléfono, más de 20 llamadas de un número desconocido están registradas en su línea.
Su teléfono dejó de funcionar a las 01:00 horas del 2 de febrero y la última geolocalización que se obtuvo fue en la colonia Álamo Industrial; a las 03:00 horas fue asesinado con un tiro en la cabeza y el 3 de febrero su cuerpo fue localizado en la cajuela de su auto, abandonado sobre la carretera cerca del municipio de Tala.
Pero las autoridades no hicieron nada por identificarlo. Así comenzó la desaparición del cuerpo de Javier.
Caso de tráiler
Según el informe de Derechos Humanos de Jalisco, 81% de los cuerpos que se aglutinaron en el IJFC durante esta crisis forense son de personas que murieron violentamente.
Cuando en septiembre del año pasado se divulgó la noticia de los tráileres con cuerpos, los padres de Javier volvieron a insistir ante las autoridades, y a mediados de octubre un par de policías investigadores les dijeron que en el Servicio Médico Forense había un cuerpo con las características de su hijo.
Les pidieron que se hicieran una nueva prueba de ADN (la sexta) para confirmar, pero debido al colapso de los servicios periciales, estas se realizaron semana y media después.
El jueves 25 de octubre llegaron al IJCF a las 11:00 horas, el resultado del examen fue positivo, era el cuerpo de Javier. Se enteraron entonces que hacía más de nueve meses que estaba ahí.
