Antes de ser deportado por segunda vez de Estados Unidos a El Salvador hace 13 años, el salvadoreño Benjamín Cruz Hernández se resignó a jamás volver a ver a las dos hijas estadounidenses que procreó con una mexicana durante su estadía de casi década y media en Miami, Florida, y decidió dibujarse un tatuaje con los rostros de las dos niñas en la parte superior de un brazo, cerca de un hombro.
Solo por tener tatuajes —uno de los viejos signos de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio o Mara 18 (M-18)— y en medio de la indiscriminada oleada de arrestos que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó a partir de marzo para contener la criminalidad, Cruz fue capturado el 8 de abril en su casa del norcentral departamento (estado) salvadoreño de Cabañas y acusado de “agrupaciones ilícitas”.
“Por el tatuaje es que está detenido desde ese día. No lo he vuelto a ver y está muy enfermo”, dijo la salvadoreña Verónica Alemán Ayala, de 44 años y compañera sentimental de Cruz desde hace 13, cuando se le repatrió por última ocasión: “A Benjamín lo deportaron dos veces de EU y en la segunda, hace 13 años, se quedó en El Salvador. Cuando perdió la fe de volver a ver a sus hijas y antes de la segunda deportación, en EU se hizo el tatuaje de ellas: es la imagen de las dos niñas que dejó con su ex compañera mexicana. Tiene otro tatuaje cerca de una mano”, narró Alemán a EL UNIVERSAL.
“En marzo pasado me comentó su preocupación de que la policía estaba deteniendo a muchas personas solo por estar tatuadas. Me dijo que iba a usar camisa de manga larga para cubrir el que está cerca de una mano. Le dije que los tatuajes se le veían bonitos, que estuviera tranquilo y que se preocuparan los pandilleros, que sí deben cosas”, relató.
La pareja desarrolló un negocio de venta de comidas en su vivienda en Cabañas, donde Cruz fue arrestado, tras desistir de acompañar a Alemán a una fiesta familiar por temor a que se le confundiera con un pandillero por los tatuajes de sus hijas, ahora de 14 y 12, y con las que desde hace 13 solo pudo tener contacto telefónico.
“No vamos a liberar a ningún criminal”, advirtió el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villoro, al desmentir informes extraoficiales de que el gobierno haría una liberación masiva de personas apresadas desde que, el 27 de marzo, Bukele impuso el estado de emergencia mediante aprobación de la Asamblea Legislativa.
El estado de emergencia rigió primero por 30 días desde el 27 de marzo, fue prolongado a partir del 28 de abril por otro periodo similar y se prevé que esta semana vuelva a ser ampliado por un mes. Seguido por unas reformas legales que impusieron severas restricciones al libre ejercicio del periodismo, la medida suspendió garantías constitucionales.
Bukele cumplirá, el próximo miércoles, tres de cinco años de gestión. Se teme que con el control de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral y de policías y militares, Bukele llevará a El Salvador a un retroceso democrático.
En la peor crisis de violencia de posguerra, el panorama recrudeció a finales de marzo con homicidios y violencia que se habría precipitado por la presunta ruptura de un supuesto pacto del gobierno con las maras para establecer una tregua por prebendas para los mareros encarcelados. Bukele culpó del sangriento conflicto a la MS-13 y M-S18.
