En el Cefereso de Durango, las autoridades y personas de aquel centro golpearon brutalmente a las personas privadas de la libertad, los dejaron sin alimentos, sin ropa, sin pertenencias, sin agua potable, cortaron la comunicación con sus familiares quienes no sabían qué estaba pasando al interior del centro.
Estas prácticas deleznables, hoy son usadas inútilmente como una “estrategia” para “recuperar el control y la gobernabilidad al interior de los centros”. Sin embargo, el objetivo está lejos de cumplirse. Los familiares, como decenas más, han solicitado una respuesta del titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, José Ángel Ávila Pérez, quien no los ha escuchado, mucho menos recibido. Los oídos sordos, la incapacidad y la impunidad han predominado.
Durango no es el único caso. Los motines son cada vez más frecuentes. Recientemente en el Cefereso 15, las personas privadas de la libertad hicieron una huelga pacífica en el patio central para exigir lo básico: alimentación y agua.
Preocupa ver la realidad de las cárceles federales, pero preocupa más atestiguar la ausencia de autoridades penitenciarias que han sido incapaces de garantizar el respeto a los derechos humanos y el acceso a necesidades básicas de su población.
Se está atravesando una crisis aguda en materia de seguridad y los centros penitenciarios juegan un rol clave para crear condiciones de paz para todas y todos, sin embargo, hay autoridades que no comprenden su función y en lugar de garantizar el derecho a la reinserción, implementan “estrategias” que lo único que logran es vulnerar y poner en riesgo a la población. La crisis en los centros penitenciarios hace que la inseguridad sea una bomba de tiempo.
Si se aspira a contar con un México sin corrupción y en paz, se necesita con urgencia que los encargados de delinear las políticas de seguridad y reinserción conozcan la realidad de las cárceles del país para incluirlas en la estrategia. Pero mientras quienes estén al frente desconozcan las dinámicas de los reclusorios, nos estacionaremos en un círculo vicioso. Se requieren perfiles que comprendan, sí, y que también crean, con humanismo, en la importancia del respeto al Estado de Derecho; servidores públicos que garanticen el respeto a los derechos humanos y el derecho a la reinserción.