En un debate de dos meses, los chilenos entraron ayer a una fase crucial sobre el futuro de una de las cinco principales economías de América Latina y el Caribe, también comenzaron a evaluar los detalles de una nueva Constitución Política con el dilema de que el 4 de septiembre próximo decidirán si la aceptan o se quedan con la carta magna que les heredó la dictadura militar del general Augusto Pinochet (1915-2006).
En ruta a cumplir el próximo 11 de junio sus primeros cuatro meses de una gestión de 48, el presidente de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, recibió el viernes el documento de 178 páginas, con 11 capítulos, 388 artículos y 54 normas transitorias que será sometido dentro de dos meses a una consulta popular en la que unos 15 millones de chilenos podrán rechazarlo o aprobarlo.
El proyecto que recibió ayer Boric incluye medidas polémicas, como la del aborto: contempla reconocer la interrupción voluntaria del embarazo como derecho constitucional. Se acepta el ejercicio libre, autónomo y no discriminatorio de los derechos sexuales y reproductivos. El aborto es ilegal en Chile, aunque se permite por situaciones como el deterioro del feto, el riesgo de la salud de la mujer, y si el embarazo es por una violación.
Otro factor controversial es que se modificaría el Congreso, que dispone de Cámara de Diputados y Senado. La Cámara permanecerá, pero el Senado sería reemplazado por una Cámara de las Regiones. Además, la nueva Constitución define a Chile como Estado “plurinacional e intercultural”, con lo que reconoce a las 11 etnias indígenas y les concede poder de consulta y consentimiento sobre las acciones en términos de derechos.
